VALÈNCIA. La fiebre por los centros de datos es un fenómeno que se extiende con paso firme. Al menos hasta ahora. En tan sólo dos años, la Comunitat Valenciana ha más que duplicado la potencia instalada en estas infraestructuras. En concreto, ha pasado de tener registrados 4 megavatios en 2024 a tener 9 megavatios a cierre de 2025, según los datos recopilados por SpainDC.
Pero, además, las previsiones de la asociación son significativamente elevadas. Para el territorio valenciano estiman que hay un volumen de 30 megavatios en proyectos de centros de datos para el año 2030. Eso sí, esta cifra ahora queda sujeta al desarrollo del anunciado decreto del Gobierno encargado de regular estas instalaciones que, además de atraer múltiples inversiones, también generan polémica por su acaparamiento de la red eléctrica (cuya demanda excede su propia capacidad) y su consumo de recursos hídricos.
Si se parte de los 9 megavatios actuales, los 21 MW adicionales hasta 2030 equivaldrían a inversiones que oscilan entre los 252 y 336 millones de euros, según las referencias de SpainDC sobre el sector en España, que estima una inversión directa de 12.000–16.000 euros por kW.
El informe señala que los cimientos de la infraestructura digital española son robustos. La ascociación destaca una cobertura de fibra "casi universal", la rápida expansión de un ecosistema de cable submarino y la mejora de la densidad de interconexión, lo que, según indica, respalda el papel de Madrid como punto de agregación nacional y regional. "Al mismo tiempo, regiones secundarias como Aragón y partes de la Comunitat Valenciana están adquiriendo relevancia como zonas de desarrollo a escala campus, reflejando un patrón de crecimiento más policéntrico", agrega el informe.
No obstante, la Comunitat queda bastante lejos de la proyección de Aragón como polo tractor de estas inversiones. Y es que, en cuanto a la potencia que ya hay instalada, la región aragonesa ostenta 108 megavatios frente a los nueve de la autonomía valenciana. En cuanto a la previsión, SpainDC prevé que alcance los 1.098 megavatios, convirtiéndola así en la comunidad autónoma con más potencia en centros de datos de 'colocation' (un modelo en el que una empresa ofrece espacio físico, electricidad, refrigeración, seguridad y conectividad para que otras empresas instalen allí sus propios servidores y equipos informáticos). La Comunidad de Madrid, por su parte, cuenta actualmente con 238 megavatios y podría alcanzar en 2030 os 721 MW.
"Más allá de las dos metrópolis, el crecimiento es cada vez más evidente en regiones como Aragón (sobre todo en el corredor de Zaragoza), partes de la Comunitat Valenciana y lugares concretos de las costas atlántica y mediterránea, donde el acceso a la red eléctrica, la disponibilidad de terreno y la zonificación industrial permiten llevar a cabo desarrollos a escala campus", destaca la patronal de los data centers. Esto se corresponde, según indica, con un patrón europeo más amplio: cuando un mercado supera cierto nivel, la siguiente oleada de capacidad generalmente se materializa mediante la expansión por los alrededores de las ciudades y el desarrollo del segundo anillo, en lugar de limitarse únicamente a aumentar la densidad en el núcleo de la ciudad.
En cuanto al desarrollo de centros de datos a escala campus, SpainDC destaca que el crecimiento de campus de grandes dimensiones "se está convirtiendo en algo habitual que puede cambiar significativamente el equilibrio geográfico en términos de volumen de potencia IT". Y en ese sentido pone el acento en Aragón y partes de la Comunitat Valenciana. El documento cpnocluye que España "cuenta con todo lo necesario para convertirse en uno de los mercados de data center de nueva generación más importantes de Europa", un escenario que ahora queda cuestionado ante el panorama regulatorio propuesto por el Ejecutivo.
De hecho, así lo advierte un informe publicado por Fedea y elaborado por Diego Rodríguez Rodríguez, economista de la Universidad Complutense de Madrid, que analiza el proyecto de real decreto sobre sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos. El autor comparte la necesidad de exigir eficiencia a estas infraestructuras, pero cuestiona la proporcionalidad de las medidas y alerta de que su aplicación conjunta podría encarecer el suministro y dificultar la entrada de nuevos operadores.
Las condiciones que el Gobierno plantea para conectar estas instalaciones a la red eléctrica podrían frenar nuevos proyectos. La razón está en la combinación de tres exigencias: respaldar con renovables el 80% del consumo eléctrico en cada hora, contratar esa energía con plantas de nueva construcción y alcanzar simultáneamente los máximos niveles de eficiencia energética y de uso del agua.
El proyecto, todavía pendiente de aprobación, establece condiciones para los centros de datos de más de un megavatio que soliciten acceso a la red eléctrica. También afectaría a aquellos que ya tienen permisos concedidos, pero aún no se han conectado, lo que introduce incertidumbre para inversiones realizadas o comprometidas bajo unas condiciones diferentes.
El 80% de la energía usada cada hora debe ser renovable
La principal dificultad reside en cómo se acreditaría el consumo de electricidad renovable. No bastaría con que estas fuentes respaldaran el 80% de la energía utilizada durante el conjunto del año, los centros tendrían que cumplir ese porcentaje en cada una de las horas, también de noche o durante los periodos de menor producción eólica y solar. Para ello, los promotores deberían recurrir al autoconsumo o firmar contratos de compra de electricidad a largo plazo, conocidos como PPA, con una duración mínima de diez años y vinculados a instalaciones concretas situadas en España. Según el informe, las compras acreditadas únicamente mediante garantías de origen renovable no servirían para cumplir esta obligación.
El problema es que los centros de datos mantienen un consumo relativamente constante, mientras que la generación solar y eólica depende de las condiciones meteorológicas y, en el caso de la fotovoltaica, de las horas de luz. Para cubrir esa diferencia, el análisis apunta a la necesidad de contratar una capacidad renovable muy superior a la demanda del centro y combinarla con baterías que permitan trasladar los excedentes a los momentos de menor producción.
La exigencia de acommpañar los centros de plantas renovables nuevas
La segunda condición limita las instalaciones con las que los centros podrían contratar esa electricidad. Las plantas renovables no deberían haber comenzado a operar más de dieciocho meses antes de la entrada en funcionamiento del centro de datos. Con este requisito, denominado de adicionalidad, se busca que la nueva demanda vaya acompañada de nueva generación.
Rodríguez cuestiona, sin embargo, que se restrinja el aprovechamiento de plantas existentes en un contexto en el que parte de la producción renovable encuentra dificultades para incorporarse al sistema.
Doble exigencia difícil de compatibilizar
El tercer obstáculo señalado por el informe es la obligación de alcanzar simultáneamente la categoría A de la etiqueta europea en eficiencia energética y en uso del agua. Según el análisis, los umbrales exigirían una relación inferior a 1,15 entre el consumo eléctrico total del centro y el de sus equipos informáticos, además de utilizar menos de 0,1 litros de agua dulce por kilovatio hora consumido.
La dificultad está en que ambos objetivos pueden entrar en tensión ya que reducir el agua utilizada para refrigerar los equipos puede aumentar las necesidades de electricidad. El autor considera especialmente exigente imponer los dos máximos estándares a la vez y propone permitir una categoría A en uno de los indicadores y A o B en el otro.
