VALENCIA. El Consell autoriza a la Abogacía General de la Generalitat de la Generalitat para ejercer acciones en defensa de la institución en las diligencias que se tramnitan por las presuntas irregularidades relacioandas con el departamento de Cooperación, según ha comunicado el vicepresidente del Consell, José Ciscar.
Según el comunicado entregado a los periodistas tras la reunión del Gobierno valenciano, el Consell ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat para que pueda ejercer "las acciones penales y civiles que resultes necesarias para la defensa de los derechos de la institución respecto a las diligencias previas del procedimiento abreviado 001743/2011 que tramita el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia por las presuntas irregularidades relacionadas con los expedientes de cooperación".
"El objetivo de las diligencias que tramita este órgano judicial lo constituyen hechos que afectan a los intereses de la Generalitat, por lo que se ha adoptado esta decisión de acuerdo con las previsiones legales, para que abogacía de la Generalitatpueda ejercitar las acciones judiciales pertinentes", explica el texto.
DESVÍO DE FONDOS DEL TERCER MUNDO
Tanto el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, como su mano derecha, el portavoz y vicepresidente del Consell, José Císcar, han reiterado su objetivo de imponer la "tolerancia cero" frente a la corrupción. En todo caso, este presuntos desvío de fondos que debían ir al Tercer Mundo y que no llegaron a su destino, resulta especialmente delicado ha haber resultado imputados varios colaboradores del exconseller de Solidaridad y actual portavoz parlamentario, Rafael Blasco.
El jefe del Consell, además de destituir a dos altos cargos -Josep Maria Felip y Alexandre Catalá- imputados por este caso, anunció que la Generalitat se personaría en la causa. Pero no solo eso, la iniciativa impulsada por el conseller de Justicia eleva la intensidad en la búsqueda de respuestas por parte de Presidencia sobre este caso.
Hasta el momento se han producido 15 detenciones y el juzgado también está examinando diferentes expedientes --algunos de ellos en soporte informático-- intervenidos tanto en la sede de la Dirección General de Cooperación como en los domicilios particulares de algunos de los detenidos. Además, se están transcribiendo diferentes escuchas e intervenciones telefónicas.
