ELDA. La pugna entre Vodafone y los socios originales de Wewi Mobile, matriz de la operadora eldense Finetwork, suma un nuevo capítulo. Después de que la Audiencia Provincial de Alicante anulara el plan de reestructuración con el que la multinacional asumió el control de la compañía, Vodafone ha activado de nuevo esta vía con la solicitud y posterior nombramiento de un experto en reestructuraciones para trabajar en un nuevo plan sobre la sociedad. Así, la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante ha acordado nombrar como experto en la reestructuración de Wewi Mobile a FTI & Partners Corporate Recovery Spain, la firma propuesta por Vodafone España y Vodafone Ono. La petición fue presentada por ambas sociedades el pasado 14 de mayo dentro del procedimiento de homologación judicial de plan de reestructuración.
El auto recoge que Vodafone actúa como acreedor que representa más del 50% del pasivo de Wewi Mobile y que el nombramiento tiene como finalidad que el experto asista a la compañía y a sus acreedores en la negociación y elaboración de un plan de reestructuración. La resolución también recuerda que la teleco presentó una comunicación de apertura de negociaciones en mayo de 2025 y que no consta que haya solicitado concurso de acreedores. Eso sí, hay más movimientos en marcha.
Como ha podido saber este diario, según explican fuentes del consejo restituido, Wewi Mobile ha presentado preconcurso de acreedores. Este mecanismo abre un periodo de negociación con los acreedores y limita determinadas acciones mientras la compañía trabaja en una solución para su situación financiera. Desde el órgano de administración sostienen que este paso busca ordenar el proceso tras recuperar la sociedad y mientras analizan el estado de la compañía después de la etapa de gestión de Vodafone.
La respuesta llega después de que la Audiencia Provincial dejara sin efecto el anterior plan de reestructuración con el que Vodafone había tomado el control de Wewi Mobile. Aquella resolución supuso la vuelta a la situación societaria previa y derivó posteriormente en la cancelación en el Registro Mercantil de la ampliación de capital que permitió esa operación, así como en el cese de José Miguel García, consejero delegado de Vodafone España, como administrador único de la sociedad.
No obstante, la recuperación del funcionamiento ordinario por parte del consejo restituido todavía continúa en proceso. Fuentes del consejo restituido aseguran que en las últimas semanas han seguido completando trámites para asumir la gestión efectiva de la compañía y acceder a toda la documentación necesaria. Según explican, hasta esta misma semana no habían podido acceder a toda la documentación ni a las instalaciones y sostienen que Vodafone no ha cooperado durante este proceso. Las mismas fuentes afirman que ya han podido avanzar con la entrega de llaves y la recuperación progresiva de información de la sociedad, de la etapa en la que la multinacional estuvo al frente de Wewi Mobile.
En ese sentido, las mismas fuentes indican que han encargado sus propias revisiones internas para analizar lo ocurrido durante esos meses. Entre los puntos que quieren revisar señalan pagos realizados durante ese periodo y nuevas obligaciones generadas con acreedores. En concreto, desde el consejo apuntan que durante esos meses se realizaron pagos por importe de unos 14 millones de euros y sostienen "que parte de los impagos generados en esa etapa son ahora utilizados por Vodafone para acreditar la situación financiera de la empresa dentro del proceso de reestructuración", según las mismas fuentes.
Querellas cruzadas
La nueva batalla en la guerra por Finetwork coincide con otro frente abierto, la vía penal. Los socios originales de Wewi Mobile presentaron una querella contra Vodafone España, Vodafone Ono y José Miguel García por presuntos delitos relacionados con la gestión de la compañía durante el periodo en el que la multinacional asumió el control de la sociedad. La querella fue admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda y solicita, entre otras medidas, una fianza de 300 millones de euros para garantizar las posibles responsabilidades económicas derivadas del procedimiento.
Vodafone, por su parte, ha respondido con otra querella contra los fundadores y antiguos gestores de Wewi Mobile. La acción se basa en un informe de auditoría forense encargado por la multinacional para analizar la actividad financiera y la gestión previa de la compañía. En ella apunta a presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, insolvencia punible, falsedad documental, estafa procesal y delitos societarios. Esta querella todavía no habría sido admitida a trámite.
La posición de Vodafone se centra en actuaciones realizadas antes de su entrada en la administración de Wewi Mobile, mientras que el consejo restituido cuestiona decisiones tomadas durante los meses en los que la multinacional dirigió la sociedad. De esta forma, ambas partes mantienen procedimientos abiertos tanto en el ámbito mercantil como en el penal.
Además de la situación societaria y judicial, queda pendiente otro elemento clave para el futuro de la compañía el de la marca comercial. Vodafone mantiene la titularidad de Finetwork tras la compraventa firmada con el fundador Pascual Pérez, lo que añade otro factor a las conversaciones entre las partes.
Eso sí, a pesar de la acumulación de procedimientos, los canales de comunicación siguen abiertos. El consejo restituido ya ha reconocido que la situación conduce a una negociación entre ambas partes, aunque por el momento no existe un acuerdo cerrado. Sobre la mesa continúa el futuro de Wewi Mobile con varios frentes abiertos, los procedimientos judiciales cruzados y la continuidad del uso de la marca bajo la que opera la compañía nacida en Elda.
