VALÈNCIA. La vivienda no solo se ha consolidado como la principal preocupación de los españoles, sino también como uno de los mayores factores de vulnerabilidad económica para los hogares. El esfuerzo financiero necesario para acceder a una vivienda alcanza niveles que exceden la capacidad adquisitiva de una parte significativa de la población, hasta el punto de que numerosos hogares destinan más del 30% de sus ingresos netos mensuales al pago de la hipoteca o el alquiler, umbral que los expertos consideran el límite de una carga financiera asumible. Una situación que está elevando los niveles de pobreza en muchos territorios como la Comunitat Valenciana.

Según los datos del informe 'Desajustes en el mercado de la vivienda en España', elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA, la tasa de pobreza en la Comunitat Valenciana alcanza el 26% de la población, pero, además, aumenta hasta el 29,3% cuando se descuentan los gastos asociados a la vivienda y se calcula la renta realmente disponible para el resto de necesidades básicas.

De este modo, la autonomía se sitúa así por encima de la media española tanto en pobreza como en esfuerzo económico destinado al alojamiento. Mientras la tasa de pobreza nacional es del 19,5%, en territorio valenciano supera en más de seis puntos ese porcentaje. Si se tienen en cuenta los costes de vivienda, la distancia se mantiene, ya que el indicador asciende al 22,9% en España frente al 29,3% en la Comunitat.

Además, los datos revelan que los valencianos destinan de media el 20,3% de su renta disponible a gastos relacionados con la vivienda, incluyendo alquiler o hipoteca, suministros, seguros y mantenimiento. El porcentaje se sitúa por encima de la media nacional, que alcanza el 18,8%. Además, el 10,5% de la población valenciana dedica más del 40% de sus ingresos al alojamiento, un umbral que los expertos consideran una situación de sobrecarga financiera. Solo Madrid (11,8%) y Melilla (15,1%) presentan registros superiores entre los territorios analizados. 

Esta presión es especialmente intensa en las áreas metropolitanas y en los principales polos de atracción demográfica y económica. El informe destaca que la Comunitat Valenciana, junto con Madrid, Cataluña y Andalucía, concentra buena parte del crecimiento de población y de nuevos hogares registrado en los últimos años, una circunstancia que incrementa la demanda residencial y tensiona los precios.

Una demanda creciente y una oferta insuficiente

Y, mientras tanto, el documento señala que la construcción de vivienda nueva sigue siendo insuficiente para absorber una demanda que no para de incrementarse al calor de la creación de nuevos hogares. Así, detalla que entre 2021 y 2025 se levantaron en España unas 454.000 viviendas, frente a la creación de 965.000 nuevos hogares, por lo que solo se construyó el 45% de las viviendas necesarias para atender la nueva demanda.

En cuanto al parque de vivienda social en España, el informe destaca que estas representan solo el 3,5% del parque total, menos de la mitad de la media europea, situada en torno al 8%. Alcanzar ese nivel exigiría incorporar alrededor de 900.000 viviendas adicionales destinadas a alquiler social.

Aunque los datos autonómicos no desagregan por edad o nacionalidad, el estudio identifica a los jóvenes y a la población inmigrante como los grupos más afectados por la crisis de accesibilidad residencial. A nivel nacional, casi uno de cada cinco jóvenes destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda y la tasa de pobreza de este colectivo aumenta hasta el 32,9% cuando se descuenta el gasto residencial. Entre los inmigrantes, el porcentaje de personas que soportan una carga excesiva por vivienda alcanza el 25,8%.

Ante este escenario, el Ivie y la Fundación BBVA reclaman un incremento sostenido de la oferta residencial y, especialmente, del parque público de alquiler social. Para ello, proponen impulsar la construcción industrializada, agilizar la concesión de licencias mediante herramientas digitales, flexibilizar determinadas regulaciones urbanísticas y mejorar la coordinación entre administraciones para acelerar el desarrollo de nueva vivienda.

Asimismo, plantean que el sector público adquiera o gestione parte del parque privado para ampliar la oferta de alquiler asequible. Entre las opciones mencionadas figuran acuerdos con grandes tenedores para alquilar viviendas por debajo del precio de mercado, la incorporación al parque público de inmuebles procedentes del Fondo Social de Vivienda o de la Sareb, así como la compra de viviendas o edificios mediante mecanismos de tanteo y retracto.