VALÈNCIA. El presunto fraccionamiento en 16 parques fotovoltaicos de una gran planta por parte de Renovalia, investigada por la Fiscalía de Valencia, ha llegado a Bruselas con posibilidad de abrirse otra investigación sobre su tramitación en la Generalitat. En concreto, el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Bogdan Rzońca, ha solicitado a la Comisión Europea que indague sobre la tramitación de los 16 proyectos que se pretenden ubicar en la comarca valenciana de Los Serranos.

Esta petición se ha realizado tras la queja presentada por vecinos y asociaciones de Villar del Arzobispo, que fue admitida en abril de este año. Asimismo, Rzońca ha dado traslado de esta queja a la Comisión de Medio Ambiente y Clima del Parlamento Europeo. Los vecinos de Villar del Arzobispo ponen de relieve distintos aspectos, a su entender ilegales, de la tramitación de 16 expedientes de Renovalia Energy Group mediante 16 "empresas pantalla" de otras tantas plantas fotovoltaicas de 49,995 MW de potencia cada una. Por Ley, los parques fotovoltaicos inferiores a 50 megavatios (MW) corresponden a las administraciones autonómicas, mientras que las superiores son gestionadas por el Gobierno a través del MITECO.

La cuestión es que estas 16 plantas se ubican en zonas colindantes unas de otras, motivo que hace sospechar a la Fiscalía de que se trate de un fraccionamiento de una gran macro planta. Este modus operandi y sus efectos están siendo investigados por la Fiscalía de Medio Ambiente del Estado y se encuentra judicializada en el Juzgado II (penal) de Lliria. En las conclusiones de su informe, la Fiscalía advierte de "irregularidades en la tramitación de permisos" así como "falta de transparencia y posible connivencia con el promotor por parte de la Administración Autonómica", según ha podido comprobar Plaza en los documentos a los que ha tenido acceso.

Además, los vecinos y asociaciones de Villar del Arzobispo han presentado queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por lo que consideran una "obstrucción del acceso a expedientes" por parte de la Consellería de Innovación, así como por una "posible dejación de funciones" por parte del Consell de Transparencia dependiente de Presidencia de la Generalitat.

"Los hechos se remontan a enero del año 2023 cuando varias de estas plantas obtuvieron, en tiempo récord, la Declaración de Impacto Ambiental favorable, asumiendo la conselleria como 'normal' la ausencia de la preceptiva respuesta de la promotora a las alegaciones de vecinos y expropiados", explican los denunciantes. Posteriormente los afectados han solicitado, en repetidas ocasiones, acceso a los expedientes de tramitación de estas plantas con silencio por parte de la Administración Autonómica o algún requerimiento de acreditación que, según indican, "no ha facilitado el acceso".

"Tampoco las numerosas quejas al respecto enviadas al Consell de Transparencia han dado frutos", señala la parte afectada, que sí destaca la intervención del Defensor del Pueblo de España, que recordó al Consell de Transparencia el obligado cumplimiento de los plazos de respuesta después de que esta entidad los hubiera ampliado. Cuatro días después del requerimiento de urgencia del Defensor del Pueblo, el Consell de Transparencia emitía Resolución en la que instaba a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo para que, en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación de esta resolución, facilitara al reclamante la información solicitada. Contra esta resolución, que ponía fin a la vía administrativa, se podía interponer recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La Conselleria de Innovación solicitó a Transparencia una prórroga de un mes para dar acceso a los expedientes, escudándose en el volumen de documentación digital. "Otras administraciones proporcionan la misma información facilitando un simple enlace de internet", denuncian los afectados. Al cabo del aplazamiento, Innovación emitió unilateralmente una resolución que ignoraba de nuevo los plazos y las directrices de procedimiento relativas a recursos del Consell de Transparencia.

"Se establecía un periodo de alegaciones por parte de terceros que pudieran ser afectados por la desprotección de sus datos. Como era también de esperar, Manuel Argüelles, Director General de Energía y Minas informó de la existencia de alegaciones, a todas y cada una de las plantas de las que se solicitaba acceso, sin dar mas detalles y poniendo la pelota, de nuevo, en el tejado del Consell de Transparencia con lo que la solicitud de acceso a los expedientes por parte de vecinos y expropiados ponía el contador de sus plazos a cero", aseguran los denunciantes.