VALÈNCIA. No todo lo relacionado con la inteligencia artificial viene acompañado de advertencias y riesgos. También se empieza a traducir en progreso en distintos ámbitos. Así está ocurriendo en el campo de la competencia. Y, es que, la sofisticación de las herramientas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para detectar prácticas anticompetitivas está empujando a cada vez más empresas a confesar su participación en un cártel.
“Están reflotando mucho los casos de cárteles. Tenemos muchos expedientes ahora”, explica a ValenciaPlaza la directora de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Susana Campuzano, quien asegura que cada vez más compañías que participan en pactos de precios están optando por el denominado programa de clemencia para evitar una penalización mayor en caso de ser cazados por el organismo.
"Además de la multa, se imponen vetos a estas empresas para que no vuelvan a ser adjudicatarias del Estado durante un periodo de tiempo determinado, motivo por el que muchas están prefiriendo confesar para, al acogerse a ese programa de clemencia, poder seguir contratando con el Estado tras haber colaborado en el afloramiento de dicho fraude en el que hay más empresas involucradas", explica Campuzano.
De este modo, las mercantiles que opten por la confesión pueden librarse del veto de ser contratistas e, incluso, de la multa, dependiendo de la calidad y nivel de información que faciliten para la detección del fraude. "Imagina el impacto que tiene este veto para aquellas empresas cuyos ingresos proceden totalmente de sus contratos con el Estado", prosigue el directora.
Pero este afloramiento de confesiones no se debe simplemente al temor que puede suscitar una mayor sofisticación de las herramientas de la CMMC a través de la IA, sino que responde a una mayor detección de estas prácticas anticompetitivas. "Por un lado, las empresas está viendo que cada vez detectamos más casos y, a esto, se ha sumado el veto de contratar con el Estado. Por eso, antes de que les pillemos, prefieren confesar y, de ese modo, aminorar la penalización que les pueda caer", explica.
Aunque la prohibición de contratar con el Estado para empresas que vulneran las leyes de competencia se introdujo en la legislación española en 2015, su aplicación real ha dado un giro radical y definitivo a partir de 2025. Hasta entonces, la falta de concreción en los plazos obligaba a remitir los casos al Ministerio de Hacienda, un limbo burocrático que permitía a las compañías sancionadas seguir acudiendo a concursos públicos.
Sin embargo, este escenario de impunidad práctica ha tocado a su fin: tras aplicar la CNMC por primera vez su potestad para fijar directamente la duración y el alcance de los vetos en sus propias resoluciones sancionadoras, el Tribunal Supremo ha avalado de forma categórica este nuevo criterio a principios de 2026. Con esta doctrina judicial firme, la prohibición de contratar se consolida como una amenaza inmediata, automática y letal para las corporaciones que cartelicen o falseen el mercado.
Intensificación de la búsqueda de conductas anticompetitivas
Según el balance oficial de la CNMC, durante el año 2025 su Dirección de Competencia intensificó la búsqueda de conductas anticompetitivas iniciando un total de 21 nuevas investigaciones y 43 actuaciones informativas previas por posibles infracciones en el mercado.
Para lograr detectar más acuerdos secretos de fijación de precios en el futuro, la CNMC ha reestructurado por completo sus herramientas tecnológicas. Entre sus actuaciones, ha optimizado la plataforma Brava, diseñada específicamente para detectar colusiones y amaños de precios en licitaciones públicas; ha puesto en marcha el desarrollo de Atenea, un sistema de inteligencia artificial enfocado en el análisis masivo de datos comerciales para destapar cárteles de oficio; y se apoyó en el canal de denuncias anónimas Sica, que junto a la colaboración ciudadana registró 295 comunicaciones sobre posibles pactos de precios y repartos de mercado.
