VALENCIA. La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana inicia su redimensionamiento. La entidad, que va a realizar una reducción de capital de 90,1 millones de los 142 millones de euros de los que disponía hasta ahora, va a ir acompañada de una reducción de personal, una organización directiva y el abandono de algunas de sus sedes.
Entre las oficinas que se verán afectadas está la sede central de la calle Amadeo de Saboya, 1, junto al paseo de la Alameda de Valencia, según fuentes conocedoras del proceso. El alto coste del inmueble, compuesto por planta baja y entresuelo, además de la inminente reducción de plantilla, ha hecho necesaria la búsqueda de un local alternativo que pueda mantenerse en la actual situación de la entidad.
En este sentido, la convocatoria de la próxima junta general extraordinaria de socios, prevista en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia para el jueves 8 de noviembre en primera convocatoria y para el viernes 9 de noviembre en segunda, servirá para la modificación del domicilio social de la entidad, fijado hasta ahora en ese inmueble.
SALIDA DE CONSEJEROS
Igualmente, en esta junta se trasladará a la asamble la salida del consejo de tres de los responsables designados el pasado mes de mayo: Adolfo Porcar, vinculado a Bancaja; Joaquín Maldonado, delegado en Valencia de banco Mediolanum; e Isabel Cosme, presidenta de la patronal del comercio de Valencia, Cecoval.
La salida de Porcar y Maldonado, designados para el puesto por la Generalitat por su marcado carácter financiero, y la de Cosme, incluida entre los cuatros consejeros en representación de la provincia de Valencia; hará necesaria la designación de nuevos responsables para recuperar la distribución del reparto territorial y accionarial de los 18 puestos del consejo.
El motivo de estas salidas está en el cambio de estrategia al que se ha visto forzada al entidad al descubrirse un agujero contable de otros 50 millones de euros, tras la auditoría realizada a principios de verano por KPMG. Cuando aceptaron el puesto, las funciones de los consejeros era definir las nuevas líneas maestras de la institución y no comandar la operación de rescate que se necesita actualmente.
RIESGO DE QUIEBRA
Tras la inyección de 60 millones de euros que realizó la Generalitat el pasado mes de abril, parecía superado ya el desfase patrimonial, pero los nuevos datos obtenidos tras la salida de la anterior dirección ha desvelado que la entidad se encuentra de nuevo en causa de disolución.
En esta ocasión, la Administración valenciana no está en condiciones de cubrir por medio de fondos públicos y créditos bancarios el agujero, al igual que tampoco pueden hacerlo los principales socios bancario, Bankia y Sabadell CAM, uno nacionalizado y el otro en proceso de asimilación de la antigua CAM.
