La entidad está centrada en la necesidad apremiante de conseguir los 150 millones que cubran el agujero del que se acusa a la anterior directiva

VALENCIA. Los problemas crecen para el actual equipo gestor de la Sociedad de  Garantía Recíproca (SGR). Inmersos en la negociación de un crédito de 150 millones de euros con Sabadell CAM, Bankia, BBVA y CaixaBank para poder sanear financieramente en la entidad, la segunda estación de penitencia será responder a los avales fallidos que acumula, según fuentes relacionadas con la entidad.

Se trata de avales firmados por distintas empresas que no han podido responder y por los que la SGR deberá hacer frente. Por el momento, la urgencia de la negociación del crédito sindicado está centrando todos los esfuerzos de la directiva, que se incorporó el pasado mes de mayo tras la dimisión en pleno del anterior equipo.

Con las cuentas presentadas a 31 de diciembre de 2012, antes de la auditoría de KPMG, la entidad ya reconocía 1.269,7 millones de euros como riesgo vivo por avales y garantías otorgados, de los que 331 millones se contaban ya como dudosos entre las garantías financieras. Además, 64 millones se apuntaban también como dudosos entre el resto de avales y garantías y respecto al riesgo reavalado, la cifra sumaba 251 millones con 152 millones calificados como dudosos.

Las operaciones fallidas son de distinto tipo, pero fuentes conocedoras de la situación de la entidad aseguran que el peso de las actividades inmobiliarias ha sido clave para esta situación. Aunque el resto de las SGR de España también están pasando aprietos, el hundimiento del negocio promotor y constructor y la sobrevaloración de solares han tenido un efecto similar al que ha padecido el resto de entidades valencianas.

NECESIDAD DE ACUERDO

Respecto a la negociación del crédito, la Generalitat se niega a aceptar "a cualquier precio" la firma del acuerdo con los bancos. Todos los participantes en el proceso han de poner de su parte y nadie debe convertir la operación en una lucrativa fuente de negocio, se asegura desde el Consell.

A pesar de que a principios de diciembre se había conseguido acercar posturas, a tres días de la junta de accionistas sobre la mesa se contaba con una oferta que parecía conjugar la capacidad de la Administración valenciana y la voluntad de las entidades financieras. Sin embargo, a última hora fuentes de la negociación aseguran que las entidades dieron un paso atrás y presentaron una nueva oferta que endurecía las condiciones del préstamo hasta hacerlo inasumible.

El principal problema para aceptar la oferta es la que se refiere a la fecha de devolución. A pesar de que se había llegado a acordar ocho años como el mínimo asumibles, las entidades redujeron éste a 5 años, con la opción de tres más si el Fondo de Garantía de Depósitos daba el visto bueno de que Sabadell CAM participara en la operación con esas condiciones.

NEGOCIACIÓN A CONTRARRELOJ

Esta autorización llegó a media mañana del viernes 9 de diciembre, mientras los accionistas de la SGR estaban reunidos en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) para debatir sobre el futuro de la entidad. Aunque fuentes financieras aseguran que esperaban que la Generalitat aceptara esta última oferta, lo cierto es que los representantes del Consell tenían sus reservas y, de haberla aceptado, no podrían haber respondido con tanta celeridad, ya que ha de pasar por el Pleno del Gobierno autonómico

El primer ejecutivo de la sociedad avalista, Santiago de Santos, reconoció públicamente que las negociaciones con los bancos están siendo muy difíciles y señaló que se mantienen unas posiciones "maximalistas" que no facilitaban alcanzar un acuerdo. En todo caso, no descartó que se pueda salvar a la SGR de la desaparición.

Por si el escenario no fuera suficientemente complejo, la negativa de la junta general de accionistas a aprobar ninguno de los puntos del orden del día de la reunión del pasado 9 de noviembre la ha dejado abocada a la liquidación antes del 9 de enero de 2013, si no se logra la financiación.

De consumarse la liquidación, la SGR de la Comunitat Valenciana sería la primera en cesar en su actividad en España, a pesar de tener su origen en 1981 y haberse convertido, hasta el inicio de la crisis, en la más grande del Estado.