MADRID (VP/EP). Los empleados de las Cámaras de Comercio pidieron ayer al Gobierno que aborde "a corto plazo" las modificaciones legislativas oportunas para facilitar el proceso de transición de las Cámaras a su nuevo modelo de financiación, tras la eliminación de la obligatoriedad de la cuota cameral que hasta ahora pagaban las empresas.

En un comunicado, los trabajadores de las Cámaras pidieron al Ejecutivo que atienda sobre todo las necesidades de las pymes y el mantenimiento de los puestos de trabajo de la red cameral, donde trabajan más de 3.000 empleados.

"Esta reforma debería ser objeto de una negociación de las autoridades de tutela de las Cámaras con las empresas, en la que puedan participar también los empleados de las Cámaras aportando su experiencia", subrayaron.

NO ES "NI EL MOMENTO, NI LA MEDIDA ADECUADA" 

Además, cuestionan el momento elegido por el Gobierno para suprimir la cuota cameral, en un momento de crisis de la economía, cuando, según los empleados de las Cámaras, son más necesarios que nunca los servicios que prestan los organismos camerales. "El apoyo a la internacionalización de las empresas, los planes de promoción de las exportaciones, los proyectos de I+D, la formación, la creación de empresas y un largo etc.", reiteraron.

En la misma línea, recuerdan que el 76,5% de los ingresos de las Cámaras provienen del 2,64% de las empresas, más precisamente de las grandes empresas, que sólo tienen obligación de pagar cuando obtienen beneficios y en proporción a los mismos, con un sistema de tarifas decreciente, "que en ningún caso supone una gran carga para la empresa".

En opinión de los empleados de las Cámaras, la sustitución del recurso cameral permanente por cuotas voluntarias supone la eliminación "de un importante efecto redistributivo" que mejora el tejido empresarial, ya que los servicios camerales van dirigidos principalmente a las pymes.

Finalmente, destacaron que las Cámaras de Comercio son corporaciones de derecho público, con "destacadas" funciones de defensa del interés general asignadas por la ley, pero cuyos recursos para su desarrollo quedan "fuertemente limitados" con esta medida.

"Consideramos por ello que no es la medida ni el momento más adecuado para coartar las posibilidades de desarrollo de las Cámaras, que durante 125 años han mostrado su eficacia al servicio de las empresas y de la sociedad civil, habiendo sabido adaptarse en cada momento a las necesidades empresariales", concluyeron en su comunicado.