VALÈNCIA. Un total de 1.026 empresas de la Comunitat Valenciana disponen de apenas tres meses para adaptarse al primer gran hito del Reglamento (UE) 2023/2055, la ambiciosa normativa de Bruselas para frenar la polución por polímeros sintéticos. Estas más de mil mercantiles de la industria del plástico deben contar con un sistema para reportar sus pérdidas de microplásticos antes del próximo 31 de mayo.

En concreto, las compañías que deben cumplir con este 'deadline' están repartidas entre 28 proveedores de materias primas, 662 fabricantes de productos y 336 empresas de reciclado, según datos del INE, y conforman el núcleo de la industria que maneja granza y polímeros en la industria valenciana. Estas pérdidas de microplásticos consisten en la liberación involuntaria o accidental de estas partículas al medio ambiente durante cualquier etapa de la actividad industrial o logística.

El objetivo de la Unión Europea es reducir en un 30% las liberaciones de microplásticos antes de 2030. Para lograrlo, la normativa ya no solo prohíbe aplicaciones, sino que impone la obligación de calcular y reportar anualmente las pérdidas estimadas a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA).

El mayor reto lo tienen las pymes que deban acudir a un asesor o consultoría externa para establecer dicho sistema de notificación, puesto que les aboca a un coste que dependiendo del caso puede ser más o menos asumible. Desde el sector indican que no hay una estimación del impacto económico que puede suponer de media este nuevo sistema.

Desde Aimplas, el Instituto Tecnológico del Plástico, advierten de que las empresas deberán medir y establecer sistemas de seguimiento internos que hasta ahora eran voluntarios. Ángela Martín, especialista en legislación del centro tecnológico, subraya que la clave reside en la anticipación. "Las empresas deberán adoptar medidas concretas para cumplir con estas nuevas exigencias, incluyendo sistemas de medición precisa y reporte transparente", indica.

Un calendario de prohibiciones que afecta al consumo

La norma no solo presiona a la industria de transformación, sino que tiene fechas marcadas que cambiarán los hábitos del consumidor valenciano. En cosméticos exfoliante, los productos que contengan microesferas plásticas para limpieza o textura quedarán prohibidos a partir del 17 de octubre de 2027. Según Martín, esta es una de las aplicaciones más visibles y contaminantes del agua. 

En el césped artificial, el relleno granular utilizado en campos deportivos y zonas recreativas, una de las mayores fuentes de liberación involuntaria, quedará prohibido el 17 de octubre de 2031. El sector deberá explorar alternativas para evitar esta dispersión al entorno.

Más allá del reporte de mayo, el Reglamento (UE) 2025/2365 introduce un desafío específico para la cadena logística. Aquellos operadores que manipulen más de cinco toneladas de granza al año, así como transportistas y buques, deberán tener listos sus planes de gestión de riesgos antes del 17 de diciembre de 2027.

Cualquier pérdida accidental de estos pellets será considerada a partir de entonces un incumplimiento legal con repercusiones jurídicas y económicas. "La gestión de los pellets en toda la cadena es fundamental", recalca la experta de Aimplas.

Para acompañar a las empresas valencianas en esta transición, el instituo del plástico valenciano ofrece apoyo en la interpretación legal, procesos de notificación e implantación de planes de riesgo. Además, el centro lidera proyectos como VALPLAST y MORESAN, este último centrado en detectar y cuantificar microplásticos y otros contaminantes emergentes en las aguas residuales de la ciudad de València.

Como señala Cristina Furió, investigadora del Laboratorio de Microplásticos de Aimplas, estos proyectos no solo monitorizan la generación de partículas, sino que estudian su impacto real en la salud humana.