VALÈNCIA (EP). La Coordinadora para la Ubicación Racional para las Energías Renovables ha escrito una carta abierta dirigida a los miembros del Botànic en la que denuncia los "graves errores cometidos" en el Decreto Ley 14/2020 en torno a la implantación de plantas productoras de fuentes de energía renovables, al tiempo que critica la "trampa puesta a las entidades locales y, en consecuencia, a la gente que habita los pueblos, sobre todo de determinadas comarcas".
Desde la coordinadora han señalado que "ya en la primavera de 2019 la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, en el marco de la Propuesta de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con Horizonte 2026, tenía en su poder peticiones que planteaban la instalación masiva de grandes plantas fotovoltaicas y eólicas en algunas comarcas de interior por parte de grandes empresas y grupos inversores, así como la solicitud masiva de grandes instalaciones alrededor de las subestaciones de red de transporte".
En este sentido, han lamentado que "con esos datos y con la obligación de publicar un Decreto Ley para establecer una regulación por la aceleración de la implantación de las EERR, las tres Consellerias --Economía Sostenible, Transición Ecológica y Política Territorial--, en lugar de trabajar en una planificación consensuada con los municipios, decidieron aprobar un Decreto Ley que, con un mapa genérico consideraba prácticamente todo el Suelo no Urbanizable (SNU) apto por estas instalaciones".
La Coordinadora para la Ubicación Racional para las Energías Renovables ha censurado que "la disposición del suelo para las empresas capitaneadas por los fondos de inversión se ha aprobado sin ninguna concurrencia competitiva, sin ninguna limitación respecto del suelo agrícola y con la agravante de una regulación que limita la capacidad de decisión de los ayuntamientos sobre la ubicación de las plantas, sin poder oponerse a la petición de las empresas cuando solicitan la compatibilidad urbanística, si no está expresamente prohibido en los Planes Generales".
Por ello, han apuntado que con el Decreto Ley 1/2022 de 6 de abril, "en lugar de corregirse esta vulneración de la autonomía municipal y, por tanto, de la ciudadanía, y corregir también el error en la carencia de planificación y ordenación territorial, se ratificaron, y solo se abrió una puerta a la rectificación con el llamado acuerdo parlamentario de energía de los grupos del Botànic firmado por las síndicas de los tres partidos".
"A día de hoy se están tramitando 9.600 MW a lo largo de la Comunitat Valenciana, un 160 por ciento más del objetivo de 6.000 MW para 2030 y esto solo contando los proyectos colgados en el Visor GVA, unos 350, aunque en prensa no para de publicarse que desde la patronal hablan de 450 proyectos", ha afirmado la Coordinadora.
"Grandes desigualdades"
Asimismo, la entidad ha denunciado las "grandes desigualdades" que se viven en la Comunitat y ha citado algunas: "en el Valle de Ayora-Cofrentes hay en tramitación una cuarta parte, 1.150 Megawats (MW) de los 4.300 MW que se tramitan en toda la provincia de Valencia, o que en el Alto Vinalopó, con 1.880 MW más del 40% de toda la provincia de Alicante, mientras que en las comarcas de València ciudad, l'Hort Nort, l'Horta Sud y la Ribera Baixa, solo haya 4 proyectos que suman 15 MW".
"Dos comarcas situadas en el interior con 62.200 habitados, 1.25% de la población, asumirían la instalación de casi el 30% de la potencia en tramitación y el 50% de la estimada por la Generalitat Valenciana para 2030 para todo el territorio valenciano, 6000MW, mientras que la suma de las cuatro comarcas donde se concentra el 32% de la población valenciana, 1.644.300 habitantes asumiría solo el 0,12% de la potencia a instalar", han apuntado.
Además, han destacado "el impacto que se sufrirá con la construcción de todos los kilómetros de nuevas líneas de alta tensión (AT) necesarias para evacuar toda la energía producida con estas macro-plantas, alejadas de los lugares de consumo".
"Más de 1.500 km de nuevas líneas de AT aéreas --de subterráneas van 1.000 km más-- que se sumarán a los que ya se tiene y que sobrevolarán los cultivos, montañas y zonas habitadas, y afectarán la socio-economía rural, agrícola, turística y medioambiental de los territorios por los que transitarán, que son muchos. Solo en las comarcas del Vinalopó más l'Alacantí sumarán cerca de 400 km de nuevas líneas aéreas de alta tensión y otros 400 km con líneas subterráneas", ha indicado la Coordinadora.
En este sentido, han aseverado que "no se quiere centrar el debate entre territorio versus renovables, o agricultura versus renovables, como parece que a veces se utiliza" y han planteado algunas preguntas: "¿Legislamos para favorecer a los grandes inversores, al oligopolio, a grandes grupos energéticos y a las expropiaciones que vendrán? ¿O ponemos por delante a las personas, la socio-economía local, las comunidades, la inversión pública para el beneficio público, la cohesión social y los equilibrios territoriales?".
Sin embargo, han recalcado que "el modelo que se está imponiendo en la implantación de las EERR es extractivista y en beneficio de unos pocos", pero han reconocido que desde la Generalitat "se ha hecho una apuesta para financiar una parte del autoconsumo individual y colectivo". "Aún se debería de potenciar mucho más y sobre todo garantizar mecanismos que coloquen a todas las personas en el centro", han añadido.
Finalmente, la Coordinadora para la Ubicación Racional para las Energías Renovables ha señalado que "otro modelo es posible y factible, más equitativo, más respetuoso, más cohesionador y que el acuerdo parlamentario de energía de los grupos del Botànic es un buen camino para iniciarlo".
"Parece que de momento han salvado la Agencia Valenciana de la Energía, pero descafeinada, y veremos si podrá compensar las desigualdades y trabajar por la cohesión social", ha concluido la Coordinadora.
