SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (EFECOM). Así se ha pronunciado el exfiscal general del Estado mientras participaba en un curso de verano de la Universidad Complutense un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu haya admitido a trámite una querella de UPyD contra Bankia, su matriz BFA y sus consejeros, a los que ha citado como imputados.

Según el juez, el coste inicial para el erario público por el saneamiento y capitalización de BFA-Bankia ascendería a la suma de 23.465 millones, ya que a los 19.000 millones de euros que pidió la dirección para acometer ese plan hay que sumarle los 4.465 millones que el grupo recibió para su creación.

Conde-Pumpido ha señalado que en el momento en que la entidad consiguió esos más de cuatro mil millones ya se habían acordado cláusulas de blindajes para sus directivos y ha dicho que el consejero delegado de Bankia Francisco Verdú -que dimitió ayer tras ser imputado- "disponía de un blindaje de 3.400.000 euros".

No obstante, el magistrado del TS ha indicado que estas cláusulas son "limitadas" frente a las que tienen otras de las entidades que integran Bankia, "que son perceptoras de importantes cantidades de fondos públicos que han salido de nuestros ingresos y que se establecían para sus directores financieros".

Así, Conde-Pumpido ha recordado la prejubilación de 12 millones otorgada al director general de Caja Segovia, Manuel Escribano, una cantidad que para disfrutarla "cualquier trabajador que llegue al máximo de pensión tendría que vivir entre 150 años jubilado".

"Con estos datos no es extraño que Bankia haya tenido que ser objeto de un rescate con dinero público. Es más que todo el presupuesto de infraestructuras de carreteras que tiene el Estado español", ha añadido Conde-Pumpido, que ha defendido la presunción de inocencia de todos los imputados.