VALENCIA. La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana llegó al final de la escapada. La junta general de accionistas de la entidad ha votado en contra de todos los puntos del orden del día, avocando a la entidad a la liquidación. Sólo podría salvarla que las entidades financieras se avinieran a la concesión de un crédito de entre 130 y 150 millones de euros para evitar que todo se venga abajo.
"Mientras hay vida hay esperanza", aseguraba el consejero delegado de la entidad, Santiago de Santos, visiblemente apesadumbrado tras la junta. De llegar a un acuerdo con las entidades, que mantienen posiciones "maximalistas" que no hacen prever una solución favorable, éste tendría que producirse en un plazo muy corto de tiempo "o si no, no se llega".
La reducción de capital en 90'1 millones de euros al que se han negado los accionistas podría haber dado una prórroga a la negociación, al devolver el equilibro patrimonial que necesitaba la entidad para evitar la liquidación, pero volvería dejarla en causa de disolución poco después, como ha reconocido De Santos.
LOS SOCIOS SE REPARTEN LA DEUDA Y LOS AVALES
En menos de dos meses, el consejo de administración fijará el plazo para la liquidación. A partir de ese momento, todos los activos de la entidad, que incluyen todas las sedes de que dispone, se destinarán a cubrir las deudas, mientras que el resto se repartirá proporcionalmente ente todos los socios, sean protectores (Generalitat, bancos y patronales) o partícipes (las empresas miembros).
Concretamente, la Generalitat tendrá que asumir el 40% de la deuda, mientras que las entidades, principalmente Bankia y Sabadell CAM, deberán responder por el 4% y el resto de asociaciones y cámaras de comercio el 1%. Para los partícipes, pymes que el pasado se beneficiaron de los créditos de la SGR que se integraron a ella como accionistas deberán pagar por el 55% del total, repartido en función de su participación.
Según establece la Ley 1/1994 de 11 de marzo sobre régimen jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, a continuación se constituirá una comisión liquidadora, presidida por un representante del Banco de España e integrada por cuatro miembros designados por los socios partícipes, por los socios protectores, por las entidades de crédito que tuvieran operaciones garantizadas por la sociedad en ese momento y por la Generalitat, respectivamente.
CUENTAS, DESJUSTES Y RESPONSABILIDADES
De Santos se hizo cargo de la entidad en mayo de este año, tras la salida de su antecesor, Juan Manuel García Puchol, que había regido los destinos de la entidad durante casi tres décadas. A pesar de los esfuerzos que ha realizado, como reconocen fuentes internas y externas a la entidad, la dificultad del encargo de salvar al SGR era de un grado que ya hizo renunciar a la mitad de los consejeros desde el pasado verano.
Además de la negociación del préstamo, ha tenido que aplicar una plan de reducción de costes que ha significado la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) sobre el 47% del personal (40 de los 84 trabajadores) y un plan estratégico que planteaba soluciones para reducir la alta morosidad que padece.
Tras la misión forzada de García Puchol; del presidente, José Roca, y de todos los consejeros, el 30 abril se nombró un nuevo consejo de 18 miembros que ha ido perdiendo miembros hasta verse reducido a la mitad en seis meses. Los motivos alegados tiene que ver con el cambio de estrategia que significó el descubrimiento de un agujero contable de más de 50 millones de euros.
Muchos de ellos habían asumido el cargo para elaborar las nuevas líneas maestras de una entidad saneada (gracias a la aportación de 60 millones de euros por parte de la Generalitat) y no para una operación de rescate.
