La decisión de Bruselas sobre el real decreto español estaba prevista para el pasado mes de julio pero se retrasó por las objeciones de algunos comisarios, entre ellos el responsable de Medio Ambiente, Janez Potocnik, que consideran que contradice la política europea de reducir las emisiones de CO2 y apostar por las energías renovables.
El plan español obliga a una decena de centrales térmicas a quemar carbón nacional y, a cambio, les compensa con un precio fijo y con la garantía de colocación de la electricidad producida. El Gobierno ha justificado estas ayudas por la necesidad de garantizar la seguridad de suministro.
La organización ecologista WWF había denunciado ante el Ejecutivo comunitario que autorizar el plan español contradeciría la propuesta de Bruselas de acabar con las ayudas públicas al carbón de aquí a 2014. "Aunque el actual plan español tiene una duración limitada, si se aprueba España podría notificar una prórroga del régimen basada en derecho teniendo en cuenta su aceptación inicial", alegó WWF.
Con el compromiso del Gobierno español de no dar más ayudas públicas al sector más allá de 2014 se resolvería esta contradicción. Bruselas ha propuesto prorrogar hasta 2014 las ayudas públicas al carbón, que expiraban a finales de 2010, pero supeditando cualquier nueva subvención a funcionamiento a que se presente un plan de cierre para las minas deficitarias, que se sitúan principalmente en el norte de España, Alemania y Rumanía. La norma debe ser aún aprobada por los Gobiernos de los 27 y algunos quieren ampliar el plazo.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, se reunirá este martes por la tarde en Bruselas con el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, y con el comisario de Energía, el alemán Günther Oettinger, para discutir el plan español de ayuda al carbón, un día antes de que el Ejecutivo comunitario adopte formalmente su decisión.
