VALENCIA. La incertidumbre sobre la concentración en el sector de las cajas rurales está llevando a algunas de estas entidades a trasladar a fundaciones que están creando parte de su patrimonio inmobiliario histórico, según ha podido saber ValenciaPlaza.com de fuentes del sector.

Estos movimiento de activos, que está siendo supervisado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), está produciéndose especialmente en entidades de pequeño tamaño pero con una fuerte implantación y vinculación con su localidad. Según un directivo de una de las rurales que está realizando este proceso explicó a este periódico que con esta medida "se pretende proteger unos bienes que, más que de la entidad, son de todo el pueblo".

Las cajas rurales valencianas surgen fundamentalmente de las secciones de crédito de las cooperativas agrarias. En muchas localidades la caja es mucho más que una entidad financiera, y su implicación en la sociedad es muy fuerte. "Muchas cuentan con inmuebles históricos como teatros o edificios sociales (antiguos casinos), por ejemplo, que se construyeron con el esfuerzo de todo el pueblo que tenía sus ahorros en la cooperativa", explica el directivo, que añade: "La posibilidad de que en una fusión estos inmuebles se convirtieran en un activo que más y se pudiese enajenar no sería bien recibida".

El IVF confirmó este miércoles a ValenciaPlaza.com que está al corriente de estos traspasos de inmovilizado de las cajas rurales a fundaciones patrocinadas y constituidas por dichas entidades. "Hasta la fecha se han planteado dos situaciones diferentes: la donación de los inmuebles afectos al Fondo de Formación y Promoción Cooperativa (FFPC) de la caja rural, operación que debe ser aprobada de forma expresa por la asamblea general de la caja rural, y autorizada por el IVF; y la transmisión de los inmuebles funcionales que no están afectos al FFPC, en cuyo caso se requiere la aprobación de la Asamblea General, pero no la autorización del IVF", explicaron desde el organismo público que tiene atribuidas las competencias de control sobre las rurales que operan en el territorio valenciano.

Muchas de las cooperativas que están realizando estos traspasos forman parte del grupo de pequeñas entidades que no están aún integradas en ninguno de los dos Sistema Institucional de Protección (SIP) que se han constituido en el sector, el de Ruralcaja y el de Cajamar. Aunque muchas de ellas quieren mantener su independencia, la posibilidad de que se les obligue finalmente a participar en una concentración es lo que les ha llevado a tomar esta medida.