BRUSELAS (EP). La Comisión Europea ha pedido este miércoles a España que reequilibre el gasto social entre generaciones y destine más recursos a políticas dirigidas a la infancia y la juventud para combatir la pobreza infantil y mejorar el acceso de los jóvenes a la educación, la vivienda y el empleo.

Así se desprende de las recomendaciones específicas para España publicadas dentro del paquete de primavera del Semestre Europeo, en las que Bruselas alerta de que más de uno de cada cuatro menores se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024, una situación que sitúa al país entre los peores resultados de la UE.

El Ejecutivo comunitario considera que este problema refleja "debilidades más amplias" del sistema de protección social español, entre ellas la distribución del gasto social entre generaciones en un contexto de recursos fiscales limitados y la escasa capacidad de las transferencias sociales para reducir la pobreza infantil.

Por ello, Bruselas reclama al Gobierno que reoriente una mayor parte del gasto público hacia políticas que beneficien a niños y jóvenes, especialmente en ámbitos como la educación, el acceso a la vivienda y el empleo.

La Comisión señala además que determinados colectivos siguen siendo especialmente vulnerables, entre ellos los menores que viven en hogares monoparentales o familias numerosas, así como la población gitana y los niños con origen migrante.

Bruselas advierte también de que persisten diferencias regionales tanto en las tasas de pobreza como en el impacto de las transferencias sociales, lo que apunta a una cobertura y un acceso desiguales a las ayudas y servicios entre territorios, especialmente en las zonas rurales. Señala que la coordinación entre los servicios sociales, sanitarios y de empleo, tanto estatales como autonómicos, sigue limitada por la fragmentación de competencias, la disparidad de criterios de acceso y la existencia de instrumentos que se solapan.

Asimismo, advierte de que pese a que el Ingreso Mínimo Vital y el complemento de ayuda a la infancia hayan ampliado su alcance en los últimos años, continúan llegando a menos hogares de los que podrían beneficiarse debido a cargas administrativas, procedimientos complejos y un conocimiento insuficiente de estas ayudas.

En este contexto, Bruselas pide aumentar la cobertura y la adecuación de las prestaciones sociales, mejorar la coordinación entre administraciones y reforzar los mecanismos de inclusión social para los colectivos más vulnerables.

Revisión del marco regulatorio de vivienda y más inmuebles sociales

Entre sus recomendaciones, la Comisión advierte de que el mercado de la vivienda en España sigue sometido a una fuerte presión por la escasez de oferta, sobretodo en las grandes áreas urbanas y metropolitanas y en las zonas costeras con alta demanda turística.

En este sentido, Bruselas insta a España a ampliar el parque residencial mediante una revisión del marco regulatorio, la agilización de los procedimientos administrativos, una mayor disponibilidad de suelo y la reutilización de inmuebles infrautilizados.

Asimismo, la Comisión reclama aumentar la oferta de vivienda asequible y vivienda social, favoreciendo especialmente las opciones de alquiler y adaptando la oferta a las necesidades territoriales y regionales, al tiempo que subraya la necesidad de avanzar hacia sistemas de financiación más sostenibles y menos dependientes de los recursos públicos.