BRUSELAS (EP). La Unión Europea ha acordado una reforma de la política aduanera común que busca simplificar y agilizar los trámites, pero también estrechar el control sobre vendedores y plataformas 'online' como Shein y Temu, que serán responsables de que los productos que introducen en el mercado común cumplen las normas de la UE y se expondrán a multas si caen en incumplimientos sistemáticos.

El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, ha calificado de "histórico" el acuerdo alcanzado entre los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos), porque supone un "paso transformador hacia un sistema más unificado y moderno".

La reforma, que necesitará en los próximos meses el visto bueno formal de los Veintisiete y de la Eurocámara para entrar en vigor, creará una plataforma central de gestión de datos y favorecerá la coordinación entre los Estados miembro desde la Autoridad Aduanera europea (EUCA, por sus siglas en inglés), cuya sede peleó Málaga pero que finalmente se alojará en la ciudad francesa de Lille.

Este centro europeo de datos aduaneros deberá empezar a funcionar en 2028 para el comercio online y estar plenamente operativo para todos los tipos de empresas en 2031, con el objetivo de que se convierta en el "único punto de entrada aduanero" de la Unión en el horizonte de 2034, lo que simplificará los trámites y permitirá reducir costes tanto a las autoridades de control como a las compañías.

Según detalla el Parlamento Europeo en un comunicado, las empresas que incumplan reiteradamente la normativa de la UE se enfrentarán a multas de al menos el 1% (y hasta el 6%) del valor total de las mercancías importadas al mercado común en los últimos 12 meses y las autoridades aduaneras podrían suspender, revocar o cancelar su estatus de operador de confianza o de Operador Económico Autorizado y catalogarlas como operadores de "alto riesgo".

De acuerdo a los datos ofrecidos por la Comisión Europea, sólo en 2025 entraron en el mercado común 5.900 millones de artículos de bajo valor enviados directamente a los consumidores finales, de los que el 90% procedían de China. El fuerte incremento y la complejidad de los trámites complicaban el control aduanero y elevaban el riesgo de que artículos peligrosos o ilegales llegaran a los europeos.

Nuevas tasas

Como un primer paso hacia esta reforma cuya ratificación está aún por realizar, la Unión Europea acordó un primer paso el pasado diciembre por el que a partir del próximo julio se aplicará un arancel de 3 euros a los paquetes de bajo valor (menos de 150 euros), como solución temporal que elimina la exención de gravamen sobre este tipo de compras hasta que entre en vigor la reforma definitiva.

Con ello, el bloque busca nivelar las condiciones de competencia entre las ventas de comercio electrónico y el comercio tradicional minorista, pero una vez que esté plenamente operativo el centro de datos aduaneros se aplicarán los derechos de aduana normales, según ha precisado la Comisión Europea.

Además, la reforma prevé otra "tasa de gestión" que se empezará a cobrar a más tardar en noviembre de 2026 para compensar la sobrecarga de las autoridades aduaneras ante el enorme crecimiento de las compras por Internet a plataformas como Temu, Shein o Amazon. Este recargo deberá ser abonado por la misma entidad responsable de pagar los demás gastos aduaneros del paquete para evitar que recaiga sobre el consumidor final.

La cuantía está aún por definir, pero deberá calcularse en función de los costes mínimos que asumen las autoridades al procesar las mercancías, derivados por ejemplo de los recursos informáticos y de personal movilizados para comprobar los datos, realizar análisis de riesgos y llevar a cabo controles cuando se necesario. El precio lo fijará la Comisión Europea y se reevaluará cada dos años.

Las plataformas serán responsables

Otra de las claves de la reforma se centra en hacer "responsables" a los operadores de las mercancías que introducen en la Unión Europea, ya que las plataformas y demás vendedores online deberán informar al centro aduanero de datos sobre las ventas que realizan inmediatamente después de realizarlas, lo que permitirá a las autoridades reaccionar incluso antes de que los productos lleguen a la frontera de la Unión.

Los operadores también serán responsables de garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE aplicable a sus productos, incluidas las normas fiscales y no fiscales; por lo que se prevén también sanciones específicas en caso de incumplimientos sistemáticos. Bruselas destaca de este cambio que permitirá aliviar el peso de la responsabilidad que con el modelo actual recaía sobre los consumidores individuales.

De este modo, con este marco las plataformas de venta de bajo coste que envían directamente al consumidor europeo serán consideradas también empresas importadoras, por lo que estarán obligadas a proporcionar a las autoridades aduaneras todos los datos necesarios, abonar o garantizar los gastos correspondientes y asegurar que los productos cumplen con la legislación de la UE.

Además, para impedir que recurran a "empresas fantasma" con las que eludir la responsabilidad, estas empresas deberán estar establecidas en la UE o estar representadas por una entidad con sede en la UE que posea la condición de operador económico autorizado o de operador de confianza.

Los consumidores ven "el fin de la impunidad"

La reforma ha sido aplaudida por la Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés), que ve en el nuevo marco el "fin de la impunidad" para los vendedores y plataformas online que han estado "ignorando durante mucho tiempo" las normas de seguridad de la Unión Europea.

"Europa se ha visto desbordada por un tsunami de paquetes procedentes de China y las autoridades aduaneras simplemente no han podido gestionarlo", ha descrito en un comunicado el director general de BEUC, Agustín Reyna, quien ha considerado que la reforma es un paso para "cambiar el rumbo" y frenar la entrada de productos peligrosos al mercado comunitario.

También ha puesto en valor que el nuevo marco "protegerá la competencia leal" porque respaldará a las empresas que respeten la legislación comunitaria frente a aquellas que sacaban beneficios incumpliendo las normas.

Con todo, los consumidores europeos han avisado que queda camino por hacer y confiado en que se dote de los recursos y herramientas necesarias a las autoridades aduaneras para garantizar que pueden poner en práctica lo acordado.