VALÈNCIA (EFE). El Juzgado de lo Social número 18 de Valencia ha fijado para el próximo 12 de julio la celebración del acto de conciliación y juicio posterior por la demanda presentada contra la Universitat de València por discriminación laboral del personal docente e investigador (PDI) asociado.

El juzgado ha admitido a trámite la demanda por discriminación salarial y en el cómputo de la jornada que presentó la Plataforma de Professorat Associat de la UVEG (Universitat de València-Estudi General) hace unas semanas, en la que reclaman la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas por la vulneración de los mismos.

Los profesores asociados aseguran sufrir discriminación laboral ya que no se les computan las mismas horas de trabajo que al resto del PDI ni la misma jornada laboral, ni por tanto las retribuciones salariales ni la cotización a la Seguridad Social ajustadas a lo que se reconoce al resto de docentes, tal como recoge el acuerdo del consejo de gobierno de la Universitat del 28 de marzo de 2017.

Al personal docente e investigador se le reconocen cuatro horas de preparación por cada hora de docencia impartida, en cambio al asociado, ninguna, algo "especialmente grave" porque imparte materias troncales de Grado, materias de Máster, dirige TFG y TFM, "como otro PDI", por tanto su docencia "no es específica ni tiene singularidad", según argumenta este lunes la Plataforma en un comunicado.

Critican que con la excusa de la tasa de reposición, las universidades públicas valencianas y del resto de España han echado mano de la "figura precaria del profesorado asociado", manteniendo un porcentaje de contratos precarios -muchos encadenan contratos durante 5, 10, 15, 20 o 30 años- y sin convenio que regule las relaciones laborales, a pesar de que hace más de dos años, pocos días antes de las elecciones generales y autonómicas, se hizo "un simulacro" de firma.

Los demandantes señalan que las últimas sentencias han sido favorables a su derecho a percibir los complementos por quinquenios de docencia y sexenios de investigación, lo que a su juicio muestra que la justicia "ya condena la continua discriminación a que nos someten las universidades y los gobernantes".

El goteo de sentencias que condenan el fraude de ley en el uso del PDI Asociado ha animado a la Plataforma a pensar en el recorrido judicial de sus reclamaciones.