VALÈNCIA (EFE).La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha explicado este lunes en Les Corts que la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) ha recibido siete subvenciones desde el área de Cooperación de la Generalitat entre 1999 y 2010 por un total de 254.219 euros.

Garijo ha comparecido en comisión parlamentaria a petición del PP y Vox, que ha insistido en las sospechas de financiación irregular por parte de gobiernos sudamericanos a Podemos, a través de la citada fundación.

La consellera se ha mostrado sorprendida y ha ironizado sobre el hecho de que: "el PP me pide una comparecencia para explicar su mala gestión, la historia de unas subvenciones concedidas y no revisadas, que posteriormente fueron fiscalizadas por este Gobierno".

En este sentido, ha explicado que en la anterior legislatura -en 2015- el Consell formuló una solicitud de reembolso de 25.000 euros a Ceps porque no había podido justificar una serie de gastos e inversiones.

En 2018 se inició un proceso de reintegro en el que finalmente se reclamaron 15.625 euros, ya que el resto fue justificado mediante documentación.Finalmente, en marzo de 2019 se dictó una resolución para la reintegración de cerca de 21.000 euros, al tenerse en cuenta intereses de demora y otros recargos.

En julio de 2019 la Conselleria que dirige Pérez Garijo emitió una carta de pago a Ceps, que abonó la referida cantidad en septiembre.La consellera ha explicado que en 2015 había 558 expedientes de subvenciones de cooperación pendientes de revisión, todo ello por un importe estimado de 96 millones de euros (actualmente quedan 68 de esos expedientes, por un porte estimado de 8,7 millones).

Actualmente, se ha ordenado el reintegro de 3,8 millones de expedientes de cooperación mal justificados. "Que una entidad pida una subvención y tenga que devolver el dinero es normal -ha apuntado la consellera-, pero lo que no es normal es que no se fiscalicen esas ayudas, como hizo el PP". "¿Buscan un titular? No lo van a encontrar -ha agregado- porque somos los primeros en transparencia y no tenemos nada que esconder, tienen copia de todos los expedientes, que son por cierto de la época en la que ustedes gobernaban".

El diputado del PP Fernando Pastor ha lamentado que la consellera "no viese nada raro en la Diputación con Jorge Rodríguez ni tampoco sobre los hermanos de Ximo Puig" y se ha preguntado cómo una fundación como Ceps "que tiene su origen en la Facultad de Derecho de València empieza a recibir cantidades millonarias de Venezuela, más de 4 millones de euros". "Qué caros son los consensos de izquierdas y las ideas de Martínez Dalmau -vicepresidente de Ceps en 2010, según ha detallado Pastor-, no podemos encontrar minuta de asesoramiento político más cara ni un cliente más pobre que la pague sin rechistar".

Asimismo, Pastor ha preguntado insistentemente "quién de Ceps se presentó en ventanilla para pagar 21.000 euros en metálico, porque legalmente ha de quedar constancia de quién lo hizo". Sobre este extremo, Pérez Garijo ha apuntado que "el banco tiene la información, está obligado a tenerla, pero no nos la tiene que facilitar", y ha reiterado: "soy consellera de un Gobierno valenciano, no de Venezuela".


La diputada de Ciudadanos Mamen Peris ha llamado la atención sobre el hecho de que, cuando se realizó ese reintegro de 21.000 euros a la Generalitat, la Fundación Ceps ya estaba disuelta, y se ha preguntado de dónde salieron esos fondos en efectivo."Usted que tanto olfato ha tenido para destapar casos de corrupción, no se da cuenta de que estamos ante un posible caso de blanqueo. Si esto no se cuestiona, ¿para qué sirve la Conselleria?. Algo no va bien, usted tiene un perfil muy bajo en esta historia".

David García, de VOX, ha destacado la figura del vicepresidente tercero del Consell, Rubén Martínez Dalmau, como integrante de la Fundación Ceps cuando supuestamente recibió fondos de Venezuela. "Detrás de Ceps hay podredumbre y cloacas, los valencianos tienen derecho a saber qué ha estado haciendo un partido que está en el Gobierno y que ha cobrado de Bolivia, Brasil o Venezuela, y que tiene lazos hasta con las FARC".