VALÈNCIA (EFE). Intersindical Valenciana ha presentado alegaciones al decreto de acreditación de la competencia lingüística en la función pública que se centran en los niveles lingüístico exigidos y en la exclusión del mismo de sectores como la sanidad y la justicia.

En las alegaciones recuerda que el acuerdo de diciembre de 2016 entre CCOO, UGT e Intersindical Valenciana, al cual hace referencia el preámbulo del decreto, regula aspectos que han sido obviados en el proyecto de decreto, como que se tiene que regular para todos los ámbitos de la función pública, incluida la sanidad (con algunas excepciones recogidas en el acuerdo) y justicia.

Además, en algunas de las escalas de funcionariado, el nivel de competencia lingüística no se ajusta a algunas de las escalas de funcionariado, según el criterio del Sindicato hecho público este martes.

En concreto, a los grupos B y subgrupo C1 habría que acreditar el nivel C1 de Valenciano y no lo B2 como establece el proyecto de decreto, indica Intersindical en un comunicado.