VALÈNCIA (EP). Intersindical Valenciana reclama a la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, la "activación" de la negociación colectiva de personal funcionario y estatutario.

El sindicato asegura que desde que se celebraron las elecciones autonómicas en abril de 2019, la consellera "solo ha convocado la Mesa General de Negociación de personal funcionario y estatutario (MGN II) una vez y fue en el mes de octubre para cumplir el acto formal de su constitución".

Desde entonces, Intersindical Valenciana ha solicitado, "por tres veces, su convocatoria sin obtener ninguno respuesta, solo el silencio". "Nos hace pensar --apuntan-- que no hay ningún interés por parte de la consellera de iniciar un proceso de negociación colectiva en el ámbito de personal funcionario y estatutario, un ámbito laboral que representa a más de 120.000 trabajadores y trabajadoras y al 96% de la plantilla de los diferentes sectores de la Generalitat".

Para Intersindical Valenciana, estos hechos suponen "un grave incumplimiento de la consellera, como presidenta de la MGN II y responsable de su convocatoria, del deber de articular la negociación colectiva de este personal con las organizaciones sindicales representativas y, especialmente, en un momento en que hay problemas importantes que resolver".

"Se podría pensar que la situación actual generada por la epidemia de la Covid-19 justifica la paralización de la actividad negociadora, pero en ningún caso puede ser una justificación, porque se trata de un problema, el de la parálisis de la negociación, que se arrastra desde mucho antes de la crisis y, en cualquier caso, la misma situación de emergencia está afectando a las condiciones laborales del personal; razón por la cual estaría más que justificada la convocatoria de la MGN, con independencia de que se convocan las diferentes mesas sectoriales", argumentan.

Por otro lado, Intersindical dice que "tampoco hay que perder de vista que recientemente se publicó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relativa al abuso de las administraciones públicas en la contratación a tiempo determinado".

"Una sentencia --advierten-- que tendrá importantes consecuencias para la política de recursos humanos en materia de acceso del personal interino a la condición de personal funcionario fijo y que, además, entrará en conflicto de intereses con los procesos masivos de ofertas de ocupación previstos; algunos de los cuales están en fase de ejecución y otras pendientes de publicación".