VALÈNCIA (EP). El Ministerio de Justicia ha formalizado la compra de 350.000 guantes, 175.000 mascarillas y 30.000 dispensadores de gel hidroalcohólico para la protección sanitaria de los funcionarios de los juzgados y tribunales que están garantizando los servicios esenciales durante el estado de alarma.

Se trata de un contrato con la empresa española Merydeis por un importe de 553.048 euros, con el que se pretende cubrir las necesidades de los órganos judiciales durante un periodo de 45 días.

Además, ayer se inició en las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha el reparto de otra remesa de material sanitario adquirido a Correos que alcanzará al conjunto de órganos judiciales del territorio esta misma semana.

Estos equipos se destinarán al personal y usuarios de la Justicia en los términos recogidos en la resolución sobre seguridad laboral dictada este lunes por el ministro Juan Carlos Campo.

La norma, consensuada con el conjunto de comunidades autónomas, establece que las medidas de protección individual están destinadas preferentemente a los trabajadores expuestos a un determinado riesgo en su actividad laboral, y se utilizarán cuando su salud y seguridad no puedan garantizarse con las medidas de protección colectiva dispuestas en la sede.

Se pondrán mascarillas y guantes a disposición de las dotaciones de servicios esenciales que realicen salidas urgentes, y se proporcionarán al usuario/justiciable/detenido, así como al acompañante si su presencia fuera necesaria, cuando sea imprescindible el acceso a la sede y se manifieste alguna afección respiratoria.

Las mascarillas se cambiarán si se humedecen y no se reutilizarán si son de un solo uso. Los guantes se desecharán diariamente o tras rotura o deterioro, evitando el contacto con la cara. Tras su uso, se depositarán en un contenedor habilitado a tal fin.

Los geles hidroalcohólicos deberán ser utilizados sistemáticamente por todas las personas tras rebasar la puerta de la sede judicial.

En un comunicado remitido este miércoles, Justicia anuncia que seguirá trabajando para cubrir las necesidades de los funcionarios de los órganos judiciales en estas circunstancias excepcionales, en coordinación y diálogo permanente con las comunidades autónomas, para asegurar la prestación de los servicios esenciales en las mejores condiciones posibles y garantizar el mantenimiento de un servicio público imprescindible.