VALÈNCIA. (EFE). La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha aprobado la nueva orden por la que se revisan las cuantías de los módulos y los baremos que se destinan por los servicios prestados en el turno de oficio por abogados y procuradores de la Comunitat Valenciana.

Según la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, esta nueva orden, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), "contiene los baremos del turno de oficio más altos en la historia de la Comunitat Valenciana".

La orden de actualización de baremos de 2018, que revisa el decreto 17/2017 de asistencia jurídica gratuita, tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2018, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En el mismo documento se establecen las cuantías aplicables por los gastos de funcionamiento de los colegios profesionales, que pasan de 28,5 a 33 euros por expediente tramitado.

Esta modificación de los nuevos baremos ha sido consensuada con los colegios de abogados y procuradores, y en la práctica supone que estos colectivos recuperan el poder adquisitivo de 2005 (al que se ha añadido una subida del 20,7 por ciento, por las distintas actualizaciones del IPC).

Además las cuantías actualizadas se equiparan a la media, y en algunos casos superan la máxima de las establecidas en el resto de comunidades autónomas. 

Esta medida, han indicado las mismas fuentes, forma parte del proceso de dignificación de los profesionales que colaboran en la garantía del derecho fundamental de acceso a la Justicia.

Bravo ha resaltado el "importante esfuerzo económico" que ha realizado la Generalitat, con un aumento presupuestario de más de un 64 por ciento entre el ejercicio 2015 y 2018, hasta alcanzar los 33,5 millones de euros en el caso de los colegios de abogados. 

En el caso del Colegio de Procuradores cuenta con un presupuesto que alcanza los 5 millones de euros, y supone una subida del 76 % desde el inicio de esta legislatura, ha añadido.

El incremento se ha repercutido en las cuantías de los honorarios que perciben los profesionales que prestan dichos servicios de justicia gratuita de manera que algunas asistencias han visto incrementada su cuantía de forma muy considerable, señalan las mismas fuentes. 

Así, se han incrementado más los baremos de los módulos donde las actuaciones son más numerosas, como la asistencia ordinaria a la persona detenida, servicio de guardia, o el procedimiento abreviado.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha adelantado que en el siguiente presupuesto se va a proceder a un nuevo incremento de las cuantías, y se comenzará a tramitar la modificación del decreto 17/2017 de asistencia jurídica gratuita para incorporar nuevos módulos.