VALÈNCIA (EFE). La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado los recursos presentados por el exconseller de Inmigración, Rafael Blasco, y el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, y ha confirmado su imputación por el supuesto amaño de contratos informáticos.

Este asunto, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se investiga en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, en el marco de la quinta pieza separada del caso Cooperación, relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, por parte de dicha Conselleria

En la causa, abierta por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, se investiga el amaño de contratos para que esos servicios, adjudicados a Fujitsu y a otras dos empresas, terminaran siendo subcontratados a las sociedades de Augusto Tauroni, empresario que se encuentra en prisión, junto al exconseller Blasco, tras ser condenado por el desvío de las ayudas públicas destinadas a cooperación internacional.

Además de Blasco y Llinares, en esta pieza separada figuran como investigados la exsecretaria de la Conselleria, Tina Sanjuan, el empresario Augusto Tauroni y otras tres personas: el jefe de área de informática, un comercial de Fujitsu y un empleado de Tauroni.

Según consta en la causa, al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros habrían sido amañados vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública.

Los contratos fueron adjudicados a tres empresas (Fujitsu España Service, Comteldat e Ibermática) que hacían las veces de intermediarias y que luego subcontrataban con las empresas Dinamiz-e y S&C Vision y Análisis, al frente de las cuales estaba Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.