VALÈNCIA. El juicio del caso Erial que sienta al exministro Eduardo Zaplana en el banquillo arranca este jueves –aunque será previsiblemente suspendido ante los problemas de salud de su abogado– con acuerdos de conformidad de acusados con la Fiscalía. Se trata, según fuentes cercanas a la causa, de la familia Cotino: Vicente y José, sobrinos del que fuera director de la Policía Nacional Juan Cotino (fallecido en 2020).
Ambos son considerados, por parte de los investigadores, como parte del círculo más cercano del también expresidente de la Generalitat y partícipes de la presunta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, ese desvío de dinero se cuantifica en 20,6 millones de euros.
La jueza instructora de esta causa concluyó que el exministro se apoyó para "obtener ganancias ilícitas" en un núcleo duro de colaboradores, entre ellos la familia Cotino. En su escrito de acusación, la Fiscalía detalló que la Sociedad Proyectos Eólicos Valencianos fue constituida por Vicente Cotino para acudir al concurso público de concesión de zonas de parques eólicos, obteniendo tres de ellas. Para dicha adjudicación "amañada" cree que existió un concierto entre Zaplana y Juan Cotino.
La organización diseñada, de acuerdo con Anticorrupción, empleaba sociedades radicadas en el extranjero, en diferentes países, y creadas con el propósito "tanto de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas como de ocultar el origen ilícito de los bienes contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico".
Para este fin, el núcleo de colaboradores de Zaplana se concertó con Vicente, José y Juan Cotino, según la Fiscalía. Los dos primeros formaban parte del grupo Sedesa y crearon una estructura societaria para obtener la primera fase de las adjudicaciones amañadas de las concesiones públicas. Y todos ellos crearon, a su vez, otra estructura societaria en España y en Luxemburgo para ocultar el dinero procedente de los sobornos.
La venta de las participaciones de las empresas adjudicatarias de las ITV y de los parques eólicos reportó al grupo Sedesa, en las diferentes sociedades controladas por los Cotino, la cantidad de 86,5 millones de euros, según cuantificó Anticorrupción.
El papel de esta familia también habría sido clave en la salida del dinero de las comisiones al extranjero. La investigación apuntó a que Juan Cotino entregó 640.000 euros en efectivo para la creación la empresa matriz de toda la red, Imison Internacional, radicada en Luxemburgo.
Ahora, un acuerdo de los Cotino con la Fiscalía supondría el reconocimiento de parte de los hechos y puede ayudar a concretarlos. Algo que compromete a Eduardo Zaplana, quien durante toda la instrucción de esta causa ha negado participación alguna en la presunta trama. La conformidad podría consistir en una pena por sustitución de multa con la posibilidad de seguir contratando con la administración.
No se trata de la primera vez que llegan a un acuerdo con Anticorrupción. En 2018, la Audiencia Nacional sustituyó las condenas de prisión por multas para los nueve empresarios juzgados por la financiación en B del PP valenciano dentro del caso Gürtel, entre los cuales se encontraba Vicente Cotino, después de que confesaran haber financiado de forma irregular las campañas electorales de los años 2007 y 2008.
