VALENCIA. El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, y su homólogo de Castellón, Javier Moliner, ambos del PP, no parecen dispuestos a permitir que los decretos que viene aprobando el Consell que lidera el socialista Ximo Puig avancen sin obstáculos. Tal y como anunció en campaña el ahora presidente de la Generalitat, con su llegada al poder ha activado vía decretos la Ley de Coordinación de Diputaciones de 1983 que permanecía 'dormida' desde su aprobación en Les Corts. Una medida dirigida a controlar la gestión y competencias de las corporaciones provinciales por parte de la Generalitat y, de paso, evitar la existencia de un contrapoder político en las diputaciones.

Los dos decretos aprobados por el Pleno del Consell hasta ahora se refieren a Turismo y Deportes, si bien ya se ha apuntado desde diversos medios a la presencia en 'bandeja de salida' de otros dos referidos a Carreteras y Cultura. Una situación que ha generado fuerte malestar en las diputaciones gobernadas por el PP, Alicante y Castellón.

En este sentido, fuentes del PPCV señalaron a este diario que ya han contactado con el Gobierno de España para solicitar amparo ante la maniobra de Puig. Así, las posibilidades jurídicas para las diputaciones, según las citadas fuentes, son "reducidas" y, en el mejor de los casos, no lograrían una paralización inmediata de la medida mientras que, sin embargo, desde Madrid, la capacidad de congelar estos decretos podría ser más amplia.

De esta manera, aprovechando que Mariano Rajoy sigue siendo el presidente del Gobierno y el PP todavía se encuentra al frente de las instituciones después que el socialista Pedro Sánchez fracasara en sus dos primeros intentos de investidura, desde la formación popular en la Comunitat ya han enviado un SOS al Ejecutivo central para que estudie la manera de frenar la iniciativa de Puig. En este sentido, las fuentes consultadas por este diario señalaron que desde Madrid se han comprometido a "estudiar los decretos" cuando salgan publicados en el DOCV, algo que se espera para esta misma semana.

"Bajo el paraguas de estos decretos y de la Ley de Coordinación lo que se esconde es una intervención en toda regla a las diputaciones, una vía secundaria para el vaciado de competencias", subrayaron a este diario fuentes próximas a la negociación con Madrid.

Preguntadas ambas corporaciones provinciales por esta posibilidad, desde Alicante y Castellón coincidieron en rechazar lo que calificaron de "presión mediática" iniciada desde la Generalitat y aseguraron que las diputaciones trabajarán "siempre en la línea del diálogo" y "en el marco de la legalidad" aunque admitieron, preguntados por un posible recurso desde Madrid, que "todas las opciones están sobre la mesa".