VALENCIA. La Sindicatura de Comptes ha entregado en les Corts el informe Para una mejor gestión en el reconocimiento de la dependencia: Auditoría operativa sobre la ordenación y prestaciones de la dependencia. En él, la Sindicatura evalúa con criterios de eficiencia, eficacia y economía este programa que tenía un presupuesto inicial para el ejercicio 2014 de 128,83 millones de euros, lo que representa el 18,3% del total de la Conselleria de Bienestar Social.

El informe analiza el nivel de implantación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, donde de los 96.610 reconocimientos de dependencia solicitados, se han emitido 93.075 dictámenes que han dado lugar a 54.810 personas beneficiarias con derecho a prestación. A 31 de octubre de 2014, 12.816 personas con derecho a prestación se encontraban pendientes de su concesión, lo que, no obstante, supone un 56,9% menos que tres años antes. 

En relación con los recursos financieros necesarios para atender las prestaciones económicas, la Sindicatura concluye que “una vez que la Conselleria de Bienestar Social haya resuelto la totalidad de las solicitudes de reconocimiento de la dependencia, y entre en vigor el derecho a la prestación de las personas valoradas con un grado I (1 de julio de 2015), la Generalitat tendrá que hacer frente al pago de un volumen significativo de prestaciones económicas, así como a la prestación de servicios”. 

Actualmente, la Conselleria no dispone de una memoria económica que cuantifique cuáles serían las necesidades presupuestarias adicionales para atender dichas obligaciones futuras. Por lo que la Sindicatura ha realizado una estimación, según la cual sería necesario dotar a la Conselleria de un crédito presupuestario anual adicional de 114,6 millones de euros. En 2014, se reconocieron obligaciones por prestaciones económicas por 123,8 millones. 

Hay que señalar que el esfuerzo económico de la Comunitat Valenciana por beneficiario es superior a la media nacional (11.639 euros frente a 9.664, según datos de diciembre de 2012).

Recomendaciones

En las recomendaciones, la Sindicatura de Comptes destaca, entre otras cuestiones, la necesidad de adoptar las medidas necesarias para agilizar el procedimiento actual de reconocimiento de la situación de dependencia, ya que en el 82% de los expedientes analizados se incumple el plazo de seis meses para dar respuesta a la solicitud. “La complejidad del procedimiento conlleva a incurrir en un plazo excesivo que, no obstante, se ha ido reduciendo durante los últimos ejercicios. Lo mismo ha ocurrido con el plazo de pago de las obligaciones reconocidas, que se ha situado en 14 días, lo que supone una reducción de 71 días respecto a 2012”.