VALÈNCIA (EFE). El abogado de la Generalitat Valenciana ha denunciado este lunes en el juicio por una rama del caso Gürtel que la trama "se lucró a costa" de la administración y por ello ha reclamado una indemnización en concepto de responsabilidad civil que destinará a becas, prestaciones sociales y mantenimiento de edificios judiciales.

Tras escuchar esta mañana el informe final de la Fiscalía, que solicita un año de cárcel para el expresidente valenciano Francisco Camps por tráfico de influencias en concurso con prevaricación, la Audiencia Nacional ha atendido a las exposiciones de las acusaciones y de algunas defensas en el juicio que sienta en el banquillo a más de una veintena de acusados.

El abogado de la Generalitat, acusación que ejerce la acción civil en el procedimiento, ha ratificado su petición de indemnización a algunos de los acusados y ha anunciado que, de aceptarlo el tribunal, el dinero será destinado a fines sociales y a la construcción y mantenimiento de instalaciones de la administración de Justicia.

Entre los acusados para los que solicita que se imponga indemnización figuran los considerados cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes, que ya cumplen largas condenas por otras piezas - y otros trabajadores del grupo empresarial.

Según el letrado, ha quedado acreditado que los contratos que se enjuician en este procedimiento, que datan de entre 2004 y 2009, "generaron un perjuicio a la Generalitat Valenciana": el precio cobrado era mayor al del mercado, la trama cargaba a veces una comisión y se generó un sobrecoste para la administración.

Además de un "fraccionamiento sistemático de los contratos" y un "troceamiento de las facturas", el abogado ha relatado cómo el grupo Correa "se lucró a costa de la Generalitat Valenciana" con aplicación de "márgenes desproporcionados", duplicación de partidas o inclusión de partidas inexistentes.

Tanto él como la abogada de la acusación popular ejercida por dos exdiputadas socialistas valencianas han criticado que la defensa de Camps solicite su condena en costas, algo que, según esta última, busca impedir la acción de la acusación popular recogida en la ley.

Para la letrada Gloria de Pascual, este juicio ha aportado una "visión absolutamente deprimente del funcionamiento de la administración (valenciana)" durante el periodo enjuiciado y una "degradación de la administración en la época en la que Camps ejercía la presidencia".

Como la Fiscalía, la abogada no duda de que está "ampliamente acreditado que es el propio Camps quien lleva a Álvaro Pérez a Valencia y con él a toda la trama Correa".

Ha censurado que las adjudicaciones produjeron "enormes sobrecostes" con cargo "siempre" al erario público y haciendo "caso omiso" a la regulación.

Tras las acusaciones, las defensas de algunos de los principales acusados que han llegado a un acuerdo con Fiscalía a cambio de reconocer los hechos, como Francisco Correa o Pablo Crespo, se han adherido a las tesis de la Fiscalía.

El juicio continúa mañana con la exposición de los informes de más defensas.