VALÈNCIA (EFE). El Reglamento del Consejo de Administración de Iberdrola faculta a ese órgano de gobierno corporativo a abrir investigaciones internas, solicitar dimisiones o, incluso, proponer ceses tras la imputación de alguno de sus consejeros.

En esa situación se encuentra el presidente ejecutivo de la segunda mayor empresa del IBEX-35 por capitalización, Ignacio Sánchez Galán, en la causa que investiga si la eléctrica contrató los servicios del excomisario José Manuel Villarejo para espiar, entre otros, al presidente de ACS, Florentino Pérez.

En un auto conocido este miércoles, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción y acuerda citar como investigados a Sánchez Galán y a otras tres personas por delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

Según el reglamento de la compañía, los consejeros tienen el deber de informar de "los procedimientos judiciales, administrativos o de cualquier otra índole que se incoen contra él y que, por su importancia o características, pudieran incidir gravemente en la reputación de la Sociedad".

En concreto, se deberá notificar a través del secretario del Consejo de Administración en el caso de ser "llamado como investigado, resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral en una causa penal por cualquier delito y del acaecimiento de cualesquiera otros hitos procesales relevantes en dichas causas".

El Consejo de Administración examinará estas circunstancias y, previo informe de la Comisión de Nombramientos, adoptará todas las medidas oportunas, entre las que se recogen "la apertura de una investigación interna, solicitar la dimisión del consejero o proponer su cese".

Por lo tanto, el Consejo de Administración podría llegar a proponer el cese de Sánchez Galán -que se incorporó a Iberdrola en 2001 como vicepresidente ejecutivo y consejero delegado- después de que el titular del juzgado central de Instrucción número 6 haya acordado citarlo como investigado por un delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

Junto a Sánchez Galán -presidente ejecutivo de la empresa desde hace quince años- también se ha acordado citar como investigados al exconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, el leonés Fernando Becker; al exjefe del Gabinete de Presidencia de Iberdrola Rafael Orbegozo, y al director general de negocios de la compañía, Francisco Martínez.

A este último, la compañía aplicará el mismo procedimiento que a Sánchez Galán, ya que también forma parte del Consejo de Administración de Iberdrola.