ALICANTE. Había expectación en el encuentro convocado para este jueves, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y los representantes de colectivos empresariales -CEV y Cámara de Comercio- y de estudios -Ineca- sobre el impacto de los Presupuestos Generales del Estado para la provincia de Alicante. Pero pese a la actitud pedagógica de Pilar Bernabé, que halló las telarañas de las cuentas referidas a Alicante, con otros 75 millones de euros sobre la mesa, los empresarios no bajan la guardia en sus reivindicaciones y quién sabe si en las movilizaciones. ¿La razón? No es que no les convencen estas cuentas, que no; tampoco el fondo extra pactado entre Ejecutivo central y Generalitat, sino que llueve sobre mojado: los empresarios afean a Bernabé que la provincia de Alicante acumula un déficit inversor de 3.500 millones de euros, por la dejación de función de los últimos años, y que además, la provincia tiene que atender servicios por más población que la tiene; es decir, la población flotante, que la Cámara de Comercio cifra en 975.000 euros más. Es decir, que la provincia recibe menos inversión de la que le corresponde, aporta más al resto del Estado, pero más población usa de sus deficientes infraestructuras. 

Da la sensación de que aunque las cuentas estatales referidas a la provincia de Alicante hubieran incluido 300 millones (por decir alguna cifra), el desenlace iba a ser el mismo: poner el foco no en las paupérrimas cantidades actuales, sino en el déficit acumulado desde la etapa de Mariano Rajoy. Así lo resumieron las tres organizaciones sectoriales después de la reunión mantenida este jueves con Bernabé a través de un comunicado: "La discriminación que sufre la provincia es muy grave y viene de muy lejos, hasta quince años atrás de déficit acumulado, por lo que no tenemos otra opción que tratar de modificarla por todos los medios a nuestro alcance hasta que realmente veamos cambios materiales en el buen camino”, vinieron a resumir.

La retórica de las familias y la ingente cantidad de dinero incluido en el presupuesto ordinario no convence. Tampoco el desengranaje de algunos recovecos de las cuentas ofrecido por la delegada gubernamental. Pilar Bernabé fue partida por partida, incluidas las que se colaron en las cuentas de la provincia de Valencia pero que debían estar en Alicante, como las inversiones de Acuamed en la planta de Torrevieja o en el trasvase Júcar-Vinalopó, o las ferroviarias, escondidas en los oceánicos presupuestos de Adif. Ni siquiera complace -como dijo la representante gubernamental- que los presupuestos vayan dirigidos, principalmente, según el prisma de socialistas y podemitas, "a familias trabajadoras, a las empresas y a los colectivos más vulnerables porque nadie debe quedarse atrás ante la situación que estamos viviendo". "La provincia de Alicante recibirá 10.115 millones de los 26.618 que percibe la Comunitat para hacer frente a las diversas partidas sociales, es decir del 38% del total", defendió la disciplinada Bernabé.