VALÈNCIA, (EFE). La Plataforma Ciudadana en Defensa de les Terres del Sénia, junto a representantes de Compromís, Esquerra Republicana, Unidos Podemos y PDeCAT, ha solicitado hoy formalmente al Tribunal de Cuentas que investigue la construcción del almacén de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón).

El movimiento ciudadano ha pedido que se depuren responsabilidades y se investigue todo el proceso, desde el estudio del proyecto y su licitación hasta la ejecución de las obras, en el que participaron los Gobiernos del PSOE y PP.

La portavoz de la plataforma, Cristina Reverte, ha puesto en valor el papel de "los 10 años de lucha pacífica contra un proyecto que ha puesto en riesgo la seguridad ciudadana y que repercute económicamente a los ciudadanos".

"Los sobrecostes se van a asumir durante 30 años en la factura del gas y nadie lo ha investigado", ha añadido.

Reverte ha pedido conocer a los responsables de un proyecto licitado por 400 millones de euros y que en un año multiplicó por tres su coste "sin ningún tipo de explicación".

El almacenamiento fue construido por la sociedad Escal UGS, controlada por la constructora ACS, que renunció a la concesión y recibió una indemnización de 1.350 millones de euros.

El senador por Compromís Jordi Navarrete ha apuntado que "también hay que saber quién dio la orden de inyectar más gas del que la infraestructura era capaz y quién no pidió un estudio de impacto ambiental más firme".

La instalación dejó de almacenar gas en septiembre de 2013 tras registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona.

El diputado de PDeCAT Ferran Bel ha dicho que "es necesario que el Tribunal de Cuentas no solo haga un estudio y valoración de los costes sino también que analice la responsabilidad a título personal de los responsables de la operación".

La senadora de Podemos Pilar Lima ha afirmado que este es "un ejemplo de cómo los intereses políticos favorecen los intereses empresariales con consecuencias que recaen directamente en los ciudadanos".