VALÈNCIA. (EFE) La rebaja temporal del 10% en tasas propias y precios públicos de la Generalitat para hacer frente al impacto de la inflación tendrá efecto sobre más de un millón de valencianos y supondrá un ahorro de cerca de 30 millones para familias y empresas.

El pleno de Les Corts ha debatido este miércoles el decreto ley 2/2022, de 22 de abril, del Consell para la reducción temporal del importe de las tasas propias y precios públicos de la Generalitat que, según ha afirmado la nueva consellera de Innovación y Universidades, Josefina Bueno, beneficiará a todos los estudiantes de las cinco universidades públicas valencianas en el curso 2022-2023 con una rebaja de algo más de 100 euros por estudiante.

La rebaja afectará a las tasas de inspecciones y controles sanitarios de animales, tasas portuarias, por usos y ocupación de espacios en puertos, la exención de seis meses de las tarifas portuarias por pesca fresca y ocupación por instalación de venta de pescado fresco , lo que beneficiará a 700 armadores y 1.700 marineros de pesca marítima.

El PP ha calificado el decreto de "reforma cosmética" y de "blanquear una bajada de impuestos que no piensa hacer", y ha asegurado que el impacto de la rebaja es un ahorro de 28 millones, de los que 14,5 corresponde a tasas universitarias, que ingresan las universidades, no la Generalitat.

"Esto es 'un invito y tú pagas', ya se apañarán las universidades", ha criticado el diputado popular Rubén Ibáñez, que ha cifrado en un ahorro de entre 1,5 y 3 euros el ahorro para estudiantes de enseñanzas de grado y de 0,9 euros en enseñanzas artísticas.

Vox, a pesar de señalar que la reducción supondrá un ahorro de 8,8 euros por beneficiario, ha apoyado el decreto por suponer un ahorro para los ciudadanos y ha defendido que la reducción sea mayor del 10 % y no sea de carácter temporal.

Ciudadanos ha considerado que el decreto está "cojo" y está "en manos del Consell" aplicar la deflactación del IRPF para aliviar la pérdida de poder adquisitivo, y ha pedido que hagan caso a los técnicos del Ministerio de Hacienda a lo que proponen en este sentido.

El diputado del PSPV José Muñoz ha asegurado que no es "una bajada indiscriminada de impuestos en ningún caso" sino que "ataca directamente a lo que puede influir en la bajada de la inflación" y reduce 70 tasas, especialmente las universitarias.

Graciela Ferrer, de Compromís, ha manifestado que el Comité de expertos de la reforma del sistema tributario dice que deflactar el IRPF o eliminar el Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones "hace más inconstitucional el sistema tributario porque sería más regresivo", una opinión que comparte su grupo.

Ferran Martínez, de Unides Podem, ha defendido que el Botànic está aplicando la política fiscal que recomiendan los organismos internacionales, "tratar de cuidar a los sectores más expuestos al aumento de la inflación sin acometer bajadas generalizadas de impuestos".