VALÈNCIA (EP). Las instituciones de la Unión Europea (UE) lograron este miércoles un acuerdo sobre una nueva normativa que busca facilitar la expansión de empresas en el territorio del bloque, por ejemplo, con la puesta en marcha de un certificado europeo de sociedades o una mejor conexión entre los registros nacionales.

Los negociadores del Parlamento Europeo y los Estados miembros pactaron, en concreto, la forma definitiva de la nueva directiva para ampliar el uso de herramientas y procesos digitales en el Derecho de sociedades de la UE, que ahora debe ser refrendada por ambas partes antes de entrar en vigor.

El acuerdo incluye la creación de un "certificado europeo de empresas", que estará disponible en todas las lenguas de la UE y será emitido tanto en formato papel como en formato electrónico con el objetivo de "reducir las formalidades" como la traducción de documentos o su certificación, según informó la Eurocámara en un comunicado.

De la misma forma, la futura directiva crea un modelo estándar de poder de representación digital que autorizará a una persona a representar a la empresa en un Estado miembro de la UE distinto.

Por otro lado, las nuevas normas garantizarán que los registros nacionales de empresas contengan "tanta información fiable sobre las empresas para ser compartida en situaciones transfronterizas como sea posible".

Esta información, además, tendrá que ser "fácilmente accesible" en toda la UE gracias a un sistema que conectará los registros de empresas de los países del bloque, de forma que las empresas solo tengan que remitir los datos una sola vez.

Las autoridades nacionales competentes tendrán que realizar "controles preventivos" para asegurarse de que la información que se comparte en dichos registros está actualizada y además recoge datos sobre "relaciones comerciales" relevantes.

De hecho, si las compañías no cumplen con sus obligaciones de información o vuelcan tarde los datos obligatorios se podrían enfrentar a multas que deberán ser "disuasivas y proporcionadas". En esta línea, si un país tiene sospechas de casos de fraude o abuso podrá rechazar la información procedente de un registro de otro Estado miembro.

Con estas medidas, la UE quiere reducir la burocracia y la carga administrativa a la que se enfrentan las empresas que quieren expandir su negocio, también con la apertura de filiales en otros países europeos, y se calcula que la directiva conducirá a un ahorro de 437 millones de euros al año.