CASTELLÓ. (EFE) El pleno municipal del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó aprobará este miércoles, una modificación presupuestaria para cumplir una sentencia judicial que le obliga a pagar 1,6 millones de euros por una demanda interpuesta en 2014 por un contrato urbanístico firmado en 2009, cuando Isabel Bonig (PP) era alcaldesa y Óscar Clavell era concejal de Urbanismo.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado, el consistorio abrió en 2008 un concurso público para vender unos terrenos de 3.046 metros cuadrados en un PAI que no estaba desarrollado junto a la Colonia San Antonio.

La empresa Almalafa pagó 518.108,23 euros por la parcela y 587.933,01 euros por las cuotas de urbanización para construir un mínimo de 65 viviendas de protección oficial (VPO).

En este contrato el Ayuntamiento se comprometía a otorgar la licencia de obras en 4 meses para que las obras de construcción pudieran comenzar en 2 meses. 

El actual concejal de Hacienda, Javier Ferreres, ha explicado que el Ayuntamiento "no cumplió con esta parte y la empresa no tuvo los terrenos disponibles porque el PAI no se desarrolló".

En 2014 la empresa denunció al Ayuntamiento de la Vall d’Uixó por su incumplimiento y ahora la sentencia judicial "nos obliga a pagar 1,6 millones de euros" lo que supone "una negligencia más del PP, cuya mala gestión está costando mucho dinero a los valleros y valleras". En total, más de 5 millones de euros en esta legislatura.

Ferreres ha señalado que Óscar Clavell -ahora diputado nacional- "pidió a la empresa una mejora sin haber puesto a su disposición los terrenos". 

En concreto la construcción del campo de fútbol de césped artificial de la Colonia San Antonio y un muro de contención de aguas pluviales que la ahora presidenta del PPCV, Isabel Bonig y entonces alcaldesa, "dijo que no costaban ni un euro al Ayuntamiento" con un coste de 135.000 euros que "ahora la empresa reclama".

El contrato también estaba sujeto "a unas ayudas para la construcción de VPO que Bonig eliminó cuando fue consellera.