VALÈNCIA. (EFE) La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha pedido al Ministerio que dirige Pilar Llop un plan de choque para evitar el colapso de la jurisdicción civil y social, donde se están señalando juicios para finales de 2023 e incluso para 2024.

En el Senado, donde ha participado en la Conferencia Sectorial de Justicia junto al Ministerio y el resto de comunidades con competencias transferidas, Bravo ha calificado la situación de "muy grave", en declaraciones a los medios.

Según ha explicado, la pandemia ha supuesto un incremento "exponencial" de la carga de trabajo en ambas jurisdicciones, de más del 50 %, y están muy preocupados porque se señalan juicios ya para 2024, obligando a empresas y familias a esperar años para obtener una respuesta de la justicia.

"Estamos hablando de pensiones, de reclamaciones a empresas, de empresas que necesitan una respuesta para poner en marcha su plan, su reajuste", ha explicado Bravo, que ha asegurado que la Comunitat Valenciana está dispuesta a aportar todos los recursos personales que sean necesarios para paliar esta situación.

Bravo ha propuesto también en la reunión que en el nuevo marco organizativo de la administración de justicia se acuerde que los casos de violencia de género sean abordados en exclusiva por juzgados especializados, lo que exige incrementar el número de esos órganos.