ALICANTE.  Pese a que la Diputación de Alicante contará con un presupuesto de récord, el más elevado de su historia, con 383,3 millones en sus cuentas consolidadas, en parte por un aumento de las transferencias por la subida de los ingresos del Estado, la institución no dispondrá, como el resto de administraciones, de su colchón financiero, que en este caso asciende a más de 100 millones de euros. Con esa cantidad es con la que se financian el bono consumo que reciben los ayuntamientos o el Plan + Cerca, que son fondos que los consistorios pueden destinar a cualquier tipo de gasto o contratación. 

¿Cuál es la razón por la cual la diputación, y el resto de las administraciones, no podrá hacer uso de los remanentes que no se han gastado del ejercicio anterior, como hacía hasta ahora? Por la aplicación del Pacto de Estabilidad y, por lo tanto, la vuelta a las reglas fiscales y al cumplimiento de la denominada regla del gasto, que estaba vigente antes de la pandemia de la covid, pero que se levantó para hacer frente a los gastos derivados de la crisis sanitaria y de la guerra de Ucrania. Lo que se traduce en que las administraciones locales solo pueden destinar los remanentes a reducir deudas bancarias y, en su caso, destinar parte de ese dinero a las obras financieramente sostenibles,  es decir, que no generan gastos de personal, en caso de que se mantengan las mismas condiciones que en 2020.

En el caso de la Diputación de Alicante, esa cantidad de remanente asciende a más de 100 millones de euros, según ha detallado este lunes la vicepresidenta, Ana Serna, quien ha solicitado al Gobierno central que sea flexible, al menos, con las instituciones de la Comunitat Valenciana, que son las que tienen que hacer frente a la factura de los gastos de Dana.  "Sería un buen momento para que todos los grupos políticos de esta Diputación pidiésemos alto y claro al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que nos permitiera hacer uso de los remanentes dadas las circunstancias, porque la reconstrucción de Valencia pasa por toda la Comunitat”, ha dicho Serna.

Otro condicionante que puede tener la institución provincial durante este 2025 es la transferencia de las competencias impropias, un asunto que se arrastra desde hace más de 4 años. Se trata de la transferencia del centro de salud mental Doctor Esquerdo, cuyo titular es la Diputación, pero que debe gestionar la Generalitat porque las competencias sanitarias corresponden a la administración autonómica. Según ha comentado la vicepresidenta Marina Sáez, la Generalitat y la Diputación de Alicante deben firmar el convenio del traspaso a principios de enero, lo que permitirá a la institución provincial liberar 15 millones de euros de las cuentas, cuyo gasto sería asumido por la Generalitat Valenciana. Pero los gastos de la Dana abren un escenario incierto sobre este asunto y otros muchos.