VALÈNCIA (EFE). La Fiscalía Provincial ha expresado este martes su respaldo a la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia de elevar la causa por la actuación de la Conselleria de Igualdad en un caso de abusos al Tribunal Superior de Justicia y pedir la imputación de la vicepresidenta, Mónica Oltra.

Según han confirmado fuentes del Ministerio Público, el fiscal se ha opuesto al recurso planteado por la directora territorial de Igualdad, Carmen Fenollosa, investigada junto a otras 12 personas por su actuación en un caso de abusos sexuales en el que fue condenado el exmarido de Mónica Oltra.

Fenollosa recurrió la decisión del instructor de elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia como paso previo para la imputación de la vicepresidenta, que es aforada y no puede ser investigada en un tribunal ordinario.

El fiscal respalda así la petición del juez de Instrucción 15 formulada al alto tribunal valenciano para que cite como investigada -antes imputada- a la vicepresidenta.

A la conclusión del proceso por abusos contra el exmarido de Oltra, la menor víctima, representada legalmente por un histórico dirigente de España 2000, y con Vox como acusación popular, ha iniciado un proceso judicial contra la Conselleria por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno -que desacreditaba su versión- sobre lo sucedido.

El juez instructor considera sospechosa la actuación del personal directivo de la Conselleria, particularmente de quienes ordenaron y llevaron a cabo lo calificado como instrucción parajudicial.

Asimismo, considera que "no existió en la Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos, sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos".

Frente a la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia de derivar la investigación al alto tribunal valenciano, la representación legal de Fenollosa presentó recurso por considerar que "ninguna irregularidad administrativa ni tampoco ningún comportamiento delictivo se ha cometido" por su representada.

Asimismo, esta subordinada de Oltra, procesada en la causa junto a otros 12 trabajadores de Igualdad y profesionales de la atención a menores, redundaba en su recurso en la "inexistencia de indicios racionales y sólidos de la participación y responsabilidad de Oltra".