VALÈNCIA. (EFE) La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió este miércoles mantener abierta la petición cursada por un ciudadano español sobre la calidad del aire en la comarca valenciana de La Hoya de Buñol-Chiva.

En esa comarca hay una fábrica de cementos de la multinacional mexicana Cemex, que en los últimos 20 años incinera en sus hornos diferentes residuos urbanos e industriales.

Una práctica nociva que, además de causar daño medioambiental, pone en peligro la salud pública, aumentando las posibilidades de padecer enfermedades pulmonares o cancerígenas, denunció el peticionario, José Luis Conejero.

La comisión parlamentaria instó a la Comisión Europea (CE) a responder por escrito a las preguntas planteadas por el peticionario, como determinar si se cumplen los parámetros medioambientales marcados por la directiva sobre las emisiones industriales.

Asimismo, pidió al Gobierno español, al que le corresponde concluir el procedimiento, dar cuenta de la evolución de este expediente.

La presidenta de la sala, Dolors Montserrat, considerará las respuestas del Ejecutivo español y comunitario antes de tomar una nueva decisión.

Conejero, representante de la Plataforma Aire Limpio, solicitó a la Eurocámara que “proteja la salud y la ponga por encima de la economía”, impidiendo que estas instalaciones estén funcionando a escasos metros de sus casas.

Además, urgió a que se obligue a las empresas incineradoras a publicar "la clase de residuo coincinerado, la cantidad y su procedencia exacta".

Las cementeras, destacó Conejera, son una de las principales causantes de la emisión de efectos invernaderos y el proceso de incineración de residuos “es un desperdicio de materiales” que podrían ser reutilizados y no quemados.

“De esta forma convierten la economía circular en una economía lineal”, criticó.

El peticionario citó un estudio de la Universidad Carlos III que concluye que vivir en un radio de cinco kilómetros de estas instalaciones incrementa la probabilidad de contraer algún tipo de cáncer.

“Parece que esta petición alerta de efectos tóxicos de la producción de cemento y la coincineración, al tiempo que puede conculcar directivas europeas”, señaló la eurodiputada popular Rosa Estaràs.

La legisladora socialista Inma Rodríguez-Piñero, en la línea con lo expuesto por Conejero, señaló la necesidad de que haya un etiquetado en el que aparezca la procedencia del cemento y determinar si este ha sido o no elaborado mediante la incineración de residuos.

Así como la especificación de todos los productos utilizados en la fabricación y que se pueda advertir a quienes manipulen el cemento a partir de la coincineración de si puede haber o no peligro.