VALÈNCIA (EFE). La Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías de Les Corts Valencianes ha aprobado este lunes la Proposición No de Ley del Grupo Socialista para impulsar con la Conferencia Sectorial de Consumo campañas de inspección de las prácticas comerciales desleales e informar al consumidor sobre sus derechos ante el abuso de llamadas comerciales.

La iniciativa, que ha sido aprobada con los votos a favor de los grupos del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem), el PP y Ciudadanos, y con el voto en contra de Vox, reclama asimismo promover la realización de campañas de información y divulgación de los derechos de los consumidores.

En concreto, se plantea realizar estas campañas a través del Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de la Comunitat Valenciana, sobre los derechos y la forma de ejercerlos frente a prácticas comerciales desleales, especialmente sobre la negativa a recibir propuestas comerciales telefónicas no deseadas.

Para el diputado del PSPV-PSOE Francis Rubio, que ha defendido la propuesta, "se da una paradoja: que a pesar de que, en muchos casos, la ley ya prohíbe estas prácticas, existe una sensación generalizada de desprotección entre los consumidores".

"Para las grandes corporaciones se trata de un recurso no precisamente caro, porque subcontratan 'call centers'", ha explicado, y ha reclamado que exista "una dinámica plausible de denuncia y sanción por parte de las administraciones" puesto que "las propuestas reiteradas y no deseadas son una práctica cuanto menos agresiva" y, en algunos casos "acoso según la doctrina jurídica".

El diputado del PP Manuel Pérez Fenoll ha destacado que se trata de prácticas comerciales "a todas luces punibles y que causan malestar": "No podemos culpar al consumidor por desconocer determinadas normativas; son las autoridades las que tienen que hacer los deberes".

Por parte de Compromís, el diputado Francisco Javier García Latorre ha afirmado que estas llamadas "llegan a incomodar sobre todo a las personas más vulnerables, las personas mayores, que se sienten un poco coaccionadas a la hora de tener que responder".

En cuanto a Ciudadanos, su síndica en Les Corts, Ruth Merino, ha criticado que se trata de una práctica "cada vez más habitual" ante las que "las medidas adoptadas son claramente insuficientes" y ha afirmado que la cuestión es "quién le pone freno y cómo".

Por su parte, el diputado de Unides Podem Ferran Martínez se ha referido asimismo a la "perspectiva de los trabajadores, que muchas veces pertenecen a empresas subcontratadas y trabajan con condiciones precarias, muchas veces sometidos a niveles de estrés y presión descomunales que aceptan porque no tienen alternativa".

La diputada de Vox Ana María Cerdán, la única representante en votar en contra de la propuesta, se ha preguntado "qué hace la administración al respecto" de un problema "que no es nuevo" y ha concluido que "el problema no es que el usuario no sepa cuáles son sus derechos sino que la Administración no está haciendo nada".