VALÈNCIA. El pasado martes, en las puertas de las oficinas en Tabacalera del Ayuntamiento de València, los vecinos afectados por la depuradora de Pinedo estaban repartiendo octavillas informativas entre los transeúntes, explicando por qué quieren clausurar la instalación, por qué han exigido a la Justicia que aplique la sentencia que ordena cerrar la III fase, cuando se les acercó el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià. Allí mismo, de pie, en la calle, estuvieron hablando el portavoz de los afectados, Jaume Chornet, y el regidor socialista. Nada de lo que le dijo Sarrià aportó gran cosa a Chornet. “No se salió del mismo guión que está repitiendo en los medios de comunicación”, explicaba este jueves.

Los afectados llevan dos semanas sin reunirse con representantes de la administración autonómica y municipal. La última cita fue la que impulsó la concejal de Pueblos del Ayuntamiento de València, Consol Castillo, donde estuvieron con ella y el secretario autonómico de Medio Ambiente, Fran Quesada. En lugar de ser aplaudida por su decisión, Castillo fue incluso criticada por compañeros de gobierno porque, decían, se estaba extralimitando en sus funciones ya que el agua no es su responsabilidad. 

Al margen de que esta crítica es más que cuestionable, ya que como regidora de Pueblos Castillo debe estar en contacto con todas las pedanías, el mero hecho de que se la pusiera en solfa pone muy a las claras la enfermiza perspectiva de los responsables administrativos en este conflicto, donde importan más los asuntos de competencias que el drama humano. Lo relevante para ellos es quien manda o deja de hacerlo. Un buen ejemplo es la actitud del Ayuntamiento de València, y en especial de Urbanismo, quitándose el problema de encima y diciendo que es la Conselleria quien gestiona la depuradora.