Los bomberos forestales vuelven a reclamar la aprobación de un convenio colectivo único

VALÈNCIA. (EFE) Los bomberos forestales han vuelto a reivindicar en una concentración en València que la administración valenciana informe favorablemente la propuesta de convenio colectivo único para un colectivo de mil trabajadores de la SGISE (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los servicios de Emergencias).

Un grupo de unos sesenta trabajadores han protestado frente a la Dirección General del Sector Público, en la plaza de Nápoles y Sicilia, para reclamar la aprobación del convenio y se han reunido con el director general, Toni Such, quien les ha pedido al menos dos semanas más para que haya un pronunciamiento al respecto, según han informado a EFE los sindicatos.

Los bomberos forestales exigen un convenio colectivo único para un servicio esencial en el que existen tres convenios diferentes e incluso una treintena sin convenio, que daría seguridad jurídica y mejores condiciones económicas a los trabajadores.

Tras la reunión con Such, los bomberos, representados por CCOO, UGT, SPPLB y CGT, han celebrado una asamblea en la que han decidido convocar una nueva protesta para el 31 de mayo que tendrá lugar en la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, sede de la Conselleria de Justicia y Administración Pública.

Recuerdan que en diciembre firmaron el acuerdo con la empresa y se esperaba aprobarlo en marzo, pero parece que existen "reticencias" por parte de la administración -la Dirección General de Sector Público y Patrimonio y la Dirección General de Presupuestos- para aprobar las autorizaciones que permitan la publicación del convenio que homogeneiza a los bomberos forestales en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El texto incluye mejoras alcanzadas con la Administración en 2018 sobre la segunda actividad, que implica que los trabajadores mayores de 55 años o con motivos de salud no tengan que estar en primera línea de fuego, sino que se puedan recolocar en otro servicio estipulado.

También el reconocimiento de la toxicidad, penosidad y peligrosidad tras 30 años de reivindicación del servicio, y la unificación de tres realidades diferentes de este colectivo, que incluye a aproximadamente 1.000 personas en las tres provincias, y que realizan el mismo trabajo.