VALENCIA. La Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, liderada por Manuel Miñés, ha trasladado a los partidos políticos que concurren a las elecciones del 20 de diciembre tres medidas fundamentales para "exigir al Gobierno y a su Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una financiación capaz de atender a los servicios básicos (sanidad, educación y dependencia) con igualdad de ratios que el resto de los españoles".

La primera medida que proponen los contratistas es conveniar con el Gobierno Central "un plan decenal 2016-2025 para dotar a la autonomía de unas inversiones, sostenibles en el tiempo, para infraestructuras productivas en transportes, logística, nodos intermodales (viarios, ferroviarios y portuarios) que hagan más eficiente el tejido productivo y potencie las exportaciones". En concreto, la cámara reclama "que los actuales 7.000 millones de euros que arrastramos de infrafinanciación desaparezcan en diez años".

Otra de las propuestas que traslada a los partidos es "plantear una dotación presupuestaria extraordinaria incentivada por una imprescindible Colaboración Público-Privada (CPP) se dedique a dotar a la Comunidad de infraestructuras sociales: educación -acabar con los barracones-, sanidad, dependencia, equipamientos de justicia -acordes a los ratios europeos- así como cercanías y ferrocarriles de proximidad".

En tercer lugar, las reclamaciones de la cámara de contratistas atienden a políticas hidráulicas a pactar con el Estado, tales como "depuración terciaria en todos los municipios para evitar las sanciones europeas por nuestro incumplimiento; acometer el Plan Global de Defensa del Júcar, modernizar los regadíos de la Ribera del Júcar y luchar contra la sequía, ejecutando las presas pendientes y los trasvases necesarios".

"En consecuencia, queremos de nuestros nuevos parlamentarios, conocedores de la dura realidad de nuestra Comunidad -teniendo el 10’83% de la población sólo alcanzamos el 9’54% del PIBn, el 6’90% de la inversión, el 4’57 % de la licitación y, por contra, tenemos una deuda que alcanza los 40.085 millones de euros, el 233 % del presupuesto de 2016- exijan al futuro Gobierno Central un trato equitativo que nos ayude a superar los pasados 'anni horribili', a recuperar nuestra autoestima y ser nuevamente imprescindibles protagonistas de la recuperación española", han reclamado.