VALÈNCIA (EFE). La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha destacado que en 2025 habrán concluido las obras de las 33 sedes de los juzgados valencianos, siendo completamente accesibles a personas con discapacidad funcional.

Bravo ha asegurado, durante su intervención en la reunión del Foro Justicia y Discapacidad que se ha celebrado este jueves, que "a finales de 2023" habrán finalizado las reformas de adaptación de 23 edificios y, dos años después, "habrán concluido las obras de las 33 sedes que señalaba el informe" con lo que todas las instalaciones judiciales de la Comunitat serán completamente accesibles.

Ha añadido que con los 900.000 que se han invertido se han llevado cabo otras iniciativas como la del facilitador de los juzgados, las unidades de Atención Social o el servicio de lectura fácil para "garantizar que ni el entorno ni las prestaciones de la Administración de Justicia sean inaccesibles para las 318.381 personas con diversidad funcional que viven en la Comunitat".

Ha hecho hincapié en la necesidad de eliminar también las barreras invisibles, por ello ha destacado la creación de la red de Unidades de Atención Social (UAS) como un recurso que ofrece orientación, información y asesoramiento en materia social tanto a los órganos judiciales como a la ciudadanía y que cuenta con personal especializado en atención a personas con discapacidad.

La primera UAS se puso en marcha en València en 2019 y el servicio se ha extendido a Alicante y Castellón. También se está dotando a las fiscalías de nuevos profesionales de trabajo social con un presupuesto, para 2022, de 369.000 euros para la creación de 10 puestos de apoyo a las fiscalías provinciales para ofrecer atención integral en los procedimientos judiciales.

Por otra parte, la consellera ha destacado el trabajo realizado por el Servicio de Lectura Fácil que, durante 2022, ha adaptado 32 sentencias, 20 autos y 27 comunicaciones judiciales entre decretos, diligencias, providencias y cédulas de emplazamiento.