VALÈNCIA (EFE). Los partidos que forman el Gobierno del Botànic han defendido este miércoles la mejora presupuestaria que realizan año tras año y han aludido a la financiación injusta de la Comunitat y a la factura de las "corruptelas" del PP.

El PSPV, Compromís, Unides Podem y Ciudadanos han votado a favor, en el pleno de Les Corts, del dictamen de la Comisión de Economía sobre el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat de 2017 y el resto de informes de las entidades que forman parte de ella, mientras que el PP se ha opuesto y Vox se ha abstenido, dado que ese año no tenía representación parlamentaria.

Cs ha explicado su voto favorable apelando a la política útil ya que valora el trabajo de fiscalización de la Sindicatura, pero no la gestión del gobierno de la Generalitat, según ha manifestado la diputada Luz Merino.

El diputado socialista José Muñoz ha señalado que la deuda "exorbitante" de la Generalitat, de cerca de 46.000 millones de euros, se debe a una financiación injusta, y ha destacado que la Sindicatura dice que el Consell se ha gastado "mucho dinero" en políticas sociales, algo positivo y que demuestra el compromiso por las personas más vulnerables.

Ha añadido que la Generalitat ha liquidado "correctamente" la sociedad de la Ciudad de la Luz, que costó 330 millones a las arcas públicas, y conforme a los parámetros de la Sindicatura y de la UE.

Desde Compromís, la diputada Aitana Mas ha señalado que la superación del objetivo de déficit en 2017 (que se situó en el 0,81 % cuando el objetivo era el 0,60 %) fue "un éxito" teniendo en cuenta "el maltrato financiero" y el aumento del gasto social para equiparar a la Comunitat con el resto de España.

Respecto al informe de fiscalización, ha afirmado que señala puntos de mejora que son "esperables" de cualquier gobierno y muestra "la consolidación de un cambio".

La Sindicatura reconoce, según el diputado de Unides Podem Ferran Martínez, que el motivo de la desviación es la insuficiencia de los ingresos de la Generalitat, algo que se tiene que resolver con el Gobierno con una reforma del sistema de financiación, así como también la deuda histórica.

Algún día habrá que elaborar "la factura completa de las corruptelas del PP", ha dicho, para acusar a este partido de ser "un arma de destrucción masiva" contra las instituciones valencianas.

El PP, por su parte, ha acusado al gobierno del Botánic de "desobediencia reiterada" a los informes de la Sindicatura en una materia clave, los ingresos, ya que no puede contabilizar en los Presupuestos "partidas no comunicadas por el Ministerio de Hacienda".

Además, según el informe, ha indicado el diputado Rubén Ibáñez, las subvenciones recogidas en los Presupuestos tienen una ejecución "baja o nula", a Sanidad se le "olvidó" contabilizar 720 millones, hay un "abuso" de contratos menores y enriquecimientos injustos y la deuda ha aumentado en casi 9.000 millones entre 2014 y 2017.

Para Ciudadanos, tampoco se debe incluir la partida reivindicativa de 1.300 millones en los Presupuestos, una recomendación que se repite año tras año, y ha instado a hacer un seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones.

Según Vox, se exige "la perfección en el cumplimiento" de las recomendaciones por parte de las instituciones, que deberían ser "ejemplo" para los ciudadanos.