VALÈNCIA. El Colegio de Procuradores se muestra sorprendido por proyecto del del CGPJ de crear juzgados provinciales centralizados en las capitales para atender las demandas hipotecarias por cláusulas suelo, ya que no está del todo convencido de que sea la solución más adecuada para la avalancha de procedimientos que se espera que se produzcan en los próximos años.

 El proyecto implica, además, que ciudadanos y profesionales tendrán que acudir a Valencia para litigar en casos de cláusulas abusivas impuestas por los bancos en las hipotecas, con el gasto adicional que supondrá para cada ciudadano y para los propios profesionales.

 Lo más lógico para el Colegio de procuradores sería que se imitara el sistema que se implantó en Valencia con las preferentes, y que dio muy buenos resultados. En ese caso, lo que se hizo fue reforzar los juzgados con jueces de adscripción territorial, lo que permitió atender las demandas con rapidez. Esa iniciativa fue imitada por otras comunidades con excelentes resultados y ha permitido que las demandas de preferentes estén prácticamente solucionadas.

 Para Laura Oliver, Decana del Colegio de Procuradores, “No es que estemos en contra de la creación de estos nuevos juzgados centralizados, pero creemos que se deberían haber aprovechado las experiencias y las fórmulas que sí han mostrado ya su eficacia. La centralización, además de suponer una incomodidad y un gasto añadido para el ciudadano y para el profesional, puede suponer un colapso por acumulación de demandas. No sabemos todavía cuántas pueden producirse, pero el propio Decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, espera que superen las 20.000, y eso es difícil de gestionar desde un solo juzgado, con lo que pueden producirse retrasos de importancia”.

En estos momentos, el Colegio está estudiando la situación que se puede crear y tratando de estimar una cifra de demandas posible. También se mantiene en contacto con otros colegios de España para buscar soluciones y realizar propuestas al Consejo General del Poder Judicial para evitar que las demandas hipotecarias puedan suponer un problema para el sistema judicial y para los ciudadanos.