Los sindicatos estudian la nueva propuesta de oferta de empleo público del Gobierno para 2020

VALÈNCIA (EP). Los sindicatos analizan una nueva propuesta del Gobierno para la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2020, que eleva el número de plazas iniciales, después de que consideraran "insuficiente" la primera porque suponía una reducción de cerca del 40 % respecto a la del año pasado.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha iniciado esta semana los contactos con UGT, CCOO y CSIF para abordar la OEP de este año, con una propuesta que contemplaba 7.066 plazas de acceso libre (personas que ingresan en la Administración) y 6.247 para promoción interna, según explicaron los sindicatos.

En la primera reunión mantenida el 14 de octubre, el Ministerio propuso estas cifras que, respecto a las 11.338 libres y 8.350 de promoción interna ofertadas en 2019, representan una rebaja del 37,6 % y del 32,2 %, respectivamente, según denunció CSIF.

En una segunda reunión, celebrada un día después, el Ministerio incrementó en 1.000 plazas las inicialmente propuestas tanto las libres como las de promoción interna, explicó a Efe el responsable en la Administración General del Estado de UGT, Carlos Álvarez.

"El lunes seguimos negociando", señaló Álvarez, para quien la oferta se acerca a lo que reclaman aunque sigue sin ser suficiente.

Los sindicatos han criticado que la oferta de empleo público planteada inicialmente no cubre el 100 % de la tasa de reposición lo que supondría destruir empleo. "Se pone en peligro la viabilidad de los servicios", criticó CSIF.

"Nos parece ridículo ofertar 7.066 puestos, cuando las bajas alcanzan 8.706 efectivos", apuntó el secretario general del sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO, José Manuel Vera.

"Tres de cada cuatro puestos, en su mayor parte de atención al público, se van a quedar vacíos, con terribles consecuencias para las personas que solicitan, por ejemplo, prestaciones o subsidios", añadió.

En un informe presentado recientemente, UGT alertaba del "riesgo de colapso" en los servicios públicos que presta la Administración General del Estado y que, en la última década, ha visto reducida su plantilla en 43.477 empleados, lo que supone un 18 % de destrucción del empleo.