Los supuestos "enchufados" en Divalterra niegan contacto alguno en la empresa

VALÈNCIA (EFE). Tres de los supuestos "enchufados" de la empresa pública Divalterra han declarado este miércoles en el juicio del caso Alqueria que no conocían a nadie en esta empresa pública ni tampoco a los responsables del proceso de selección.

La Audiencia de Valencia ha acogido este miércoles la quinta sesión del juicio del caso Alquería por supuestos delitos de malversación y prevaricación a raíz de una presunta simulación de contratos de alta dirección en Divalterra, supuestamente orquestados para beneficiar a miembros y simpatizantes de Compromís y el PSPV-PSOE.

En línea con el resto de investigados, estos supuestos "enchufados" han optado por responder únicamente a las preguntas de sus abogados, de modo que no se han podido escuchar las preguntas del fiscal anticorrupción ni las de las acusaciones que ejercen el PP y Acción Cívica.

El primero de los altos directivos contratados por Divalterra en declarar ha sido José Luis Melero, quien ha asegurado que dejó su currículo por registro de entrada en Imelsa el mismo día en que cesó como personal laboral de la Diputación de Valencia en junio de 2015.

"Claro que pasé por un proceso de selección en Divalterra, varias entrevistas con (José Ramón) Tíller y otras personas. Yo no conocía a nadie de los que me entrevistaron", ha asegurado.

Sobre las condiciones de su contrato de alta dirección, Melero ha explicado que se las explicaron Tíller, Agustina Brines (cogerente) y José Luis Vera (responsable de los servicios jurídicos).

"Eran unos términos bastante tajantes, un contrato de alta dirección favorece más a la empresa que al trabajador, me pueden cesar sin justificación alguna y el puesto estaba asociado al gerente, si él cesaba yo también. La remuneración, 54.000 euros, era menor de la que cobraban los directivos anteriores, pero dije que sí, porque era lo que me gustaba y el salario no lo es todo", ha agregado.

"Yo acudía a trabajar, soy honrado, no tengo nada que ver con Taula ni esos cuentos y monsergas. Fichaba a diario de 8 a 15 horas, mi padre era mecánico tornero", ha agregado este procesado.

Otra de las altas directivas, María Soledad Torija, ha explicado igualmente que envió su currículo porque pensó que encajaba con su formación y experiencia (agricultura ecológica y gestión medioambiental), ha negado conocer a nadie en la empresa y ha subrayado que "ni era miembro de ningún partido antes de trabajar en Divalterra, ni antes ni después".

El tercero de este grupo de procesados en declarar este miércoles, Raúl Ibáñez, ha sido el único que ha admitido cierta vinculación política. "En verano de 2015 fui a una reunión política y conocí a Rius (diputado de Compromís), me dijo que iban a hacer falta perfiles técnicos y le dejé mi currículo. Además, yo lo envié a Imelsa".

Para estos procesados el fiscal reclama una condena de seis años de prisión: uno por falsedad documental y cinco más como colaboradores necesarios en un delito de malversación.