VALÈNCIA (EFE). La Concejalía de Movilidad estudiará la eliminación del requisito de residencia legal para obtener bonos de transporte de cara a 2024, de modo que también se podrían beneficiar las personas migrantes en situación administrativa irregular, que actualmente no pueden obtener estas tarjetas de descuentos al carecer de permiso de residencia aunque vivan en València.

Así se desprende de la respuesta que responsables de esta área municipal han dirigido al Síndic de Greuges, organismo que, al igual que la Empresa Municipal de Transportes (EMT), y a raíz de una queja presentada por València Acull, ha solicitado al Ayuntamiento de València que cambie el criterio vigente "por ser discriminatorio y afectar al derecho de igualdad", según ha indicado en un comunicado València Acull.

Tanto el Síndic como la EMT de València se han mostrado a favor de "universalizar" los bonos de transporte, de manera que se pueda acceder a los mismos "sin limitaciones".

La primera teniente de alcalde y responsable de Hacienda y Participación, María José Ferrer San Segundo, remitió el 31 de julio al Síndic un informe de la Concejalía de Movilidad en el que se anuncia que "se dará traslado de la solicitud de suprimir el requisito de la residencia legal en España en los abonos de transporte de competencia municipal a la nueva corporación municipal para que tome la decisión más adecuada en la aprobación de las condiciones de dichos abonos para el año 2024".

En el documento, el personal técnico de Movilidad explica que, hasta el momento, las propuestas de abonos de transporte efectuadas por la EMT y por el concejal delegado "han incluido el requisito de la residencia legal", pero, "a la vista del reciente informe de la EMT del 3 de julio, darán traslado de la conformidad de la EMT con la supresión del requisito".

El nuevo equipo de Gobierno municipal tendrá que decidir ahora si universaliza los beneficios de estos bonos a toda la población de València, un cambio de criterio al que "no se opone la Concejalía competente", que defiende el Síndic y la EMT y que "favorecería a uno de los colectivos más vulnerables: las personas en situación administrativa irregular", concluye València Acull.