MADRID (EP). El exministro socialista José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional por el 'caso Koldo', ha anunciado su intención de acogerse a la jubilación a la vista de que, al haber tenido suspendidos sus derechos parlamentarios, no tiene claro que el Congreso le fuera a abonar los más de 57.000 euros que le hubieran correspondido por sus cerca de 17 años de diputado.

"He agotado todas las posibilidades al alcance de mi mano", ha publicado en la cuenta de la red social 'X' que gestiona su entorno, en la que se queja de que ha sido "desprovisto" de todos sus derechos y deberes y "privado de todo ingreso y protección social".

"Díganme de qué vivo para mantener los compromisos con mi familia y afrontar mi defensa. No me ha quedado otra más que retirarme y optar por la jubilación", se lamenta, considerando que sus adversarios se han salido con la suya: "¡Objetivo conseguido!".

Como los dos años de paro

Los diputados que han estado en el Congreso durante más dos años y renuncian a su acta tienen derecho a la llamada indemnización por cese, una suerte de 'prestación por desempleo' que pueden cobrar siempre que no tengan otros ingresos ya sean públicos o privados.

La cuantía de esta indemnización es el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales o fracción superior a seis meses, y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades. La cantidad se abona mensualmente y su concesión depende de la Mesa del Congreso.

En el caso de Ábalos, que ha sido diputado ininterrumpidamente desde abril de 2009, siempre por el PSOE hasta que se pasó al Grupo Mixto en febrero de 2024 tras la detención de su asesor Koldo García Izaguirre, esta indemnización podría haber ascendido a 57.238,49 euros, si se calcula teniendo en cuenta la última actualización de la asignación constitucional que cobran los diputados.

Sin embargo, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, en la Cámara existían dudas sobre si Ábalos conservaba o no el derecho a pedir esa indemnización habida cuenta de que el pasado mes de noviembre, tras su ingreso en prisión preventiva, la Mesa del Congreso le suspendió de sus derechos y le dejó sin cobrar su sueldo y sin poder votar.

Al anunciar que se acoge a la jubilación, el exdiputado, de 66 años de edad, ya da a entender que no va a intentar pedir esa indemnización parlamentaria, que además es incompatible con la pensión de jubilado.

Cerdán fue el último en cobrar este 'finiquito'

el último diputado que cobró la indemnización por cese fue el también ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien dejó su escaño el pasado mes de junio, dos semanas antes de entrar en prisión preventiva por su supuesta participación en la trama de cobro de mordidas a cambio de la concesión de obra pública por la que también se investiga a Ábalos.

El PP intentó que la Mesa del Congreso impidiera a Cerdán percibir ese finiquito alegando que el exdiputado había ocultado al Congreso que era propietario desde 2016 del 45% de la empresa Servinabar. Pero el PSOE y Sumar se ampararon en un informe de los letrados para concederle ese 'finiquito'.

Los servicios jurídicos de la institución concluyeron que el 'número tres' del PSOE había generado el derecho a percibir casi 19.000 euros de indemnización el periodo durante el que fue diputado. Cerdán la cobró durante seis meses hasta el pasado diciembre.

La diferencia con Ábalos es que Cerdán mantenía intactos sus derechos como diputado cuando abandonó el Congreso, puesto que entregó su acta antes de entrar en la prisión de Soto del Real (Madrid), de la que salió el pasado mes de noviembre.

Ábalos lo comunica al Tribunal Supremo

La defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos ha comunicado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo su renuncia al acta de diputado en el Congreso, que fue anunciada este miércoles a través de su cuenta en la red social 'X'.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, su representación aporta al alto tribunal el escrito de renuncia "a los efectos legales oportunos". Cabe recordar que su renuncia no afecta al juicio que tiene pendiente en el Supremo por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia, previsto para abril.

Sin embargo, sí puede acarrear que la otra pieza en la que se le investiga, la de presuntos amaños de obra pública, sea enviada a la Audiencia Nacional (AN) al perder su estatus de aforado, que era la condición por la que el alto tribunal entró en el caso.

El Supremo tiene la competencia para juzgar a Ábalos por las mascarillas porque la Sala de lo Penal fijó en 2014 que "en las causas con aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado".

Aplicando ese acuerdo, Ábalos tendrá que ser juzgado por el Supremo a pesar de renunciar al acta de diputado, toda vez que el magistrado instructor, Leopoldo Puente, dictó el pasado diciembre el auto de apertura de juicio oral por la presunta trama de mascarillas.

Las circunstancias habrían cambiado si el exministro hubiese dejado el escaño antes de que el Supremo acordara sentarle en el banquillo, ya que el asunto habría quedado en manos de la Audiencia Nacional, donde se empezó a investigar el 'caso Koldo'.

El instructor del Supremo acordó llevar a juicio a Ábalos, su exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntamente concertarse para aprovechar la condición del entonces ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia".

Renuncia desde prisión

De cara al juicio, la Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares pidieron al magistrado que acordara el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo ante el riesgo de fuga que apreciaban. El instructor les dio la razón y envió a los dos el pasado 27 de noviembre a la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde permanecen a la espera de ser juzgados.

El Supremo los envió a juicio después de que el pasado septiembre el magistrado instructor decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar una pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, en la que además de a ellos tres también investiga al exdirigente y exdiputado socialista Santos Cerdán, varios empresarios y exdirectivos de constructoras.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que la decisión tomada por Ábalos implica que quede en duda la competencia del Supremo para seguir investigando los presuntos amaños y sostienen que tendría que derivarse a la Audiencia Nacional. Eso sí, explican que antes de que el instructor del TS decida qué hacer con esa pieza, el alto tribunal tiene que ser notificado de la renuncia al acta.

Lo que ya investiga la audiencia nacional

En la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno indaga en varias líneas de investigación del 'caso Koldo'. La pieza principal gira en torno a las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, aunque también ha interrogado sobre supuestas irregularidades en obras públicas a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras Javier Herrero como investigados.

Moreno investiga además bajo secreto los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes. En concreto, por la sospecha de que el exministro socialista y Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el partido a la hora de devolver gastos anticipados con el fin de blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

El nombre de Ábalos también ha aparecido en otra de las causas investigadas en la Audiencia Nacional, en este caso por parte del juez Santiago Pedraz. Se trata del conocido como 'caso hidrocarburos', en el que se investiga un supuesto fraude a través de la empresa Villafuel por el que está también imputado Aldama.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en uno de sus informes que la trama habría gastado un millón de euros para influir, entre otros, en el propio Ábalos. En concreto, para la adquisición del chalet de La Alcaidesa, en Cádiz, del que habría disfrutado el entonces ministro.