MADRID (EFE). La Fiscalía Antocorrupción ha solicitado 173 años de cárcel para el expresidente de BBVA Francisco González por delitos de cohecho activo y revelación de secretos en la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al excomisario José Manuel Villarejo, entre 2004 y 2016

En el escrito de acusación de 184 páginas firmado por la fiscal Elisa Lamela el pasado 12 de marzo al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía pide para el excomisario 216 años de cárcel, y otros 243, la pena más alta, para el que fuera jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano.

Anticorrupción pide también que se impongan a BBVA multas por estos delitos que en conjunto suman 184,3 millones de euros. 

El pasado 20 de febrero, la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento del BBVA y de su expresidente Francisco González por la contratación de empresas vinculadas a Villarejo para realizar encargos supuestamente ilegales entre 2004 y 2016, al rechazar todos los recursos presentados. 

Además de González, Villarejo y Corrochano, figuran entre los acusados el socio del excomisario Rafael Redondo; el exdirector de los servicios jurídicos del banco Eduardo Arbizu y el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar. 

Sin embargo, Anticorrupción interesa el sobreseimiento de la causa contra el que fuera consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, y del exdirector del gabinete de presidencia de la entidad, Joaquín Gortari, que sí fueron procesados por el juez instructor.

El ministerio público también solicita que se indemnice con 20.000 euros a las 43 personas que fueron objeto de las labores de espionaje, entre los que figuran el exministro de Industria Miguel Sebastián y el empresario Juan Abelló.

En su escrito, Anticorrupción explica que las contrataciones expuestas entre BBVA y CENYT, así como los pagos efectuados por los servicios prestados bajo tales encargos, fueron posibles "por haber sido autorizados directamente por el presidente de la entidad y por sus más altos directivos".

Todo ello, en un contexto en el que el banco "carecía de un programa de prevención que contemplase la eventual comisión de ilícitos por parte de la presidencia".

Pese a que aquellas contrataciones y pagos "incumplían todas las normas internas de procedimiento relativas tanto a la formalización de servicios como a la tramitación y abono de facturas", los diversos empleados que participaron en su tramitación las aprobaron, añade el escrito. 

Esto se debió a la "convicción firme y arraigada de que debían acatar las instrucciones procedentes de la presidencia o de los altos directivos con independencia de que dichas órdenes fueran o no conformes con la normativa interna aplicable".